Es un gran paso que el gobierno y el grupo parlamentario mayoritario en el Congreso estén en la lógica de regular —bajo un principio de equidad tributaria y regulatoria— a las empresas extranjeras que prestan servicios digitales. Por ello, es importante que las modificaciones sean integrales, que comprendan aspectos fiscales, asegurando el cobro del IVA y del ISR, así como medidas regulatorias que posibiliten un porcentaje de “contenido nacional” en series y películas que se transmitan a través de plataformas digitales.
En pocas palabras: se trata de que paguen impuestos y de garantizar que tengamos acceso a contenidos que reflejen la realidad nacional, condiciones y situaciones propias de nuestra cultura, tradiciones e historia, por ello es importante que se garantice una regulación integral a las plataformas digitales.
No sólo es por equidad tributaria y para que se obtengan mayores recursos fiscales necesarios para el Estado, sino que haya mayores garantías a los derechos de las audiencias y usuarios, respeto a las condiciones de contratación, mecanismos efectivos de reclamación y atención directa al público usuario mexicano, no desde un call center extranjero.
La economía digital de contenidos audiovisuales ha crecido. De acuerdo con el Inegi, el valor agregado por comercio electrónico alcanzó 4.6 por ciento del PIB y hay casi 75 millones de usuarios de internet en los hogares. Según recientes datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), seis de cada 10 usuarios pasan hasta dos horas diarias viendo contenido en plataformas de video por internet.
El 40 por ciento de los usuarios gasta alrededor de 200 pesos; 30 por ciento, entre 200 y 400 pesos, y casi ocho por ciento paga más de 400 pesos.
Hay unanimidad sobre la conveniencia de gravar las plataformas digitales. Actualmente más de 50 países tienen medidas tributarias en materia del IVA para la economía digital. En la OCDE y en la Cepal existe consenso para que se graven, sin dejar de lado que el Estado mexicano asegure una diversificación y ampliación de las fuentes tributarias.
De transitar en forma favorable e integral las propuestas regulatorias, habría equidad fiscal ante proveedores nacionales que sí pagan impuestos, se protegería a las audiencias y usuarios, se apoya a la industria nacional y se garantizan mejores condiciones económicas para los compromisos que tiene el gobierno.
Es interesante que México avance en esta materia, pero habría que revisar al menos tres aspectos: las posibles sanciones a los operadores de telecomunicaciones por cursar información de terceros que no paguen impuestos, la conveniencia de que sea el regulador de las telecomunicaciones quien ordene la suspensión de transmisiones, ya que contra sus actos, sólo se puede interponer el juicio de amparo y no cabe la suspensión del acto reclamado, lo que daría solidez a las medidas dictadas, y precisar cómo serían los mecanismo para identificar a los sujetos obligados al impuesto.
Concluyendo: la regulación no sólo debe comprender la ley del IVA, sino precisiones correlativas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que la harían más integral, precisa y efectiva.
