vía La Lista News.
La CFE presentó la venta de servicios de paquetes de internet y telecomunicaciones directo al público bajo la infraestructura de la Red Compartida, con lo que se estaría violando el artículo 140 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La reforma de telecomunicaciones promulgada en el 2013 tenía objetivos claros y encaminados al fomento a la competencia dentro del sector: a través de reemplazar a la Comisión Federal de Comunicaciones, evitar segundas ventanillas dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al establecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo regulatorio autónomo que estableciera y vigilara la competencia del mercado, se pretendía anular la posibilidad de la existencia de operadores preponderantes en servicios de telecomunicaciones, así como la apertura del sector para inversión extranjera y dos nuevas cadenas de televisión, entre otras cosas.
Uno de los principales objetivos de la reforma constituía también la creación de una red de telecomunicaciones mayorista, es decir una red de redes, que ofreciera servicios de conectividad a otras empresas para el despliegue de infraestructura en las poblaciones en donde no llegaran los principales operadores. Así, después de una muy polémica licitación, Altán Redes –con inversión pública y privada– fue la elegida para conectar a todo el país.
Después de muchos años, varias prórrogas y la confirmación de la incapacidad de Altán Redes por cumplir el objetivo de cobertura del 92.2% del país, finalmente en junio del presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su rescate, con además un “velado” propósito de darle una ayudadita a su proyecto CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que tampoco había avanzado mucho para cumplir la promesa de conectividad de toda la población mexicana con la que arrancó su gobierno.
Casi en paralelo, López Obrador presentó su plan de instalar 2 mil 500 antenas de telecomunicaciones en todo el territorio nacional –haciendo parecer un juego de niños a una titánica labor– y convocó a líderes sindicales y a todos los trabajadores electricistas para sumarse a su iniciativa, con la promesa de que a más tardar a mediados del próximo año cumpliría con el plan de conectividad. Otra promesa que no puede cumplirse.
¿Y si vendemos servicios desde la Red Compartida y ¡pum, nos hacemos millonarios!?
En días pasados, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó la venta de servicios de paquetes de internet y telecomunicaciones directo al público bajo la infraestructura de la Red Compartida, con lo que se estaría violando el artículo 140 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que indica que en ningún caso las concesiones de uso comercial a entes públicos podrán ofrecer servicios a usuarios finales.
De hecho, solo puede llevar servicios a las poblaciones en donde no existan ya servicios de conectividad.
El IFT –ya muy debilitado por el gobierno– debería entonces revocar la concesión que dieron a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, pero obvio no se ha pronunciado al respecto.
El gobierno ha presionado al instituto para favorecerlo, creando un ambiente de desequilibrio en las regulaciones establecidas, lo cual tendrá repercusiones también en el incumplimiento de compromisos a nivel internacional, como el T-MEC, al confirmar que el gobierno al frente de una empresa no demuestra respeto ni una plena autonomía del órgano regulador del país, y mucho menos atención por los socios comerciales.
No olvidemos que, así como CFE e Internet para Todos, existen muchos Operadores Móviles Virtuales (OMV) que utilizan también la red de Altán para ofrecer servicios de conectividad, pero sin subsidio, mismos que ahora estarán atenidos a una infraestructura controlada por el gobierno, quien seguramente la usará para efectos populistas con miras a las próximas elecciones y que, probablemente acercándose la fecha, regalará este servicio como incentivo para efectos clientelares.
Esta iniciativa tiene claros fines populistas que desembocarán en la inestabilidad del sector de las telecomunicaciones, apartándolo de las buenas prácticas de competencia económica, y en consecuencias a nivel internacional del mismo calibre de las que acontecen en el sector energético.
Muy preocupante.