2018-09-25
Aunque es un tema que ya se manejaba en distintos círculos informados de nuestro país, no deja de sorprender o llamar la atención la nota sobre Telefónica que publicó el portal español, de nombre homónimo al de este diario, eleconomista.es, con el título “Telefónica planea la venta de sus filiales de México y Centroamérica” en la que se da cuenta de los planes de este operador español para salir de ambos mercados, según se lo revelan a ese medio fuentes que alegan conocer bien el asunto.
De acuerdo con esa nota periodística, la filial de Telefónica en México estaría valuada en un rango que va de los 1,100 a los 1,900 millones de euros (entre 1,292 y 2,233 millones de dólares al tipo de cambio actual). En cuanto a ingresos, se reporta que las operaciones en México le significan ingresos anuales de cerca de 1,340 millones de euros (cerca de 1,575 millones de dólares).
En este mismo espacio me había ya referido en diversas ocasiones con relación al rumor de la posible salida de Telefónica del mercado mexicano. Hay quienes insisten en que Telefónica nunca se pudo recuperar de un modelo de negocio mal dimensionado, que su pecado fue enfocarse al mercado de prepago de bajo consumo que esencialmente recibe llamadas, que se enfocó a vivir de los ingresos por la terminación de llamadas en su red. Por mi parte, pienso que en realidad eso fue una circunstancia en la que este operador quedó atrapado por la falta de efectividad de las decisiones regulatorias durante un buen número de años. Varias de las medidas que impulsó o propuso durante mucho tiempo en cada uno de los foros en los que se debatían temas de telecomunicaciones, fueron retomadas como parte de la reforma de telecomunicaciones.
Entre los temas que de manera reiterada ponía sobre la mesa están el que se prohibiera a América Móvil la práctica por la que discriminaba en los precios de las llamadas que hacían sus usuarios, pues mientras fueran dirigidas a la red de su operador móvil, Telcel, no las cobraba, pero si iban a la red de los demás operadores, sí las cobraba, lo que generaba un efecto anticompetitivo conocido como “efecto club”. En el mismo sentido estuvo su insistencia para que las tarifas de interconexión se fijaran de manera asimétrica entre los operadores; que se impusieran mayores controles sobre otras prácticas que imponía el agente económico ahora conocido como preponderante, con relación al precio de otro tipo de recursos necesarios para la interconexión entre las redes, como los enlaces. Todo eso se logró en mayor o menor medida con la reforma constitucional y la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Sin embargo, el problema es que al mismo tiempo que llegaron los cambios legales tan deseados, también de inmediato se desató una cruenta guerra de precios entre los operadores, lo que simplemente le ha impedido poder siquiera respirar. De ahí que no extrañe su decisión para abandonar el mercado mexicano.
Contrataciones públicas
Revisando los datos sobre compras del gobierno en materia de servicios de telecomunicaciones, me llamó poderosamente la atención que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) hubiera contratado en el 2016 a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), mediante adjudicación directa, para que le provea el “Servicio Integrado de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones”, por un monto de 780.8 millones de pesos, más IVA. Llama la atención porque la UANL no tiene el carácter de concesionario para explotar servicios de telecomunicaciones con fines de lucro y el tamaño del contrato no es menor. No hay que darle muchas vueltas, todo indica que se trata de un ejemplo de cómo se le dio la vuelta la normatividad en materia de adquisiciones, que debería investigar la Auditoría Superior de la Federación.
