2022.03.15
Vía El Economista
El contexto bajo el que se desarrolla el proceso de revocación de mandato sirve para poner de relieve de manera nítida el por qué un proceso de este tipo, lejos de convertirse en un recurso virtuoso para los ciudadanos puede terminar por convertirse en un factor que obstaculice el desarrollo del país, o por lo menos, en un factor que impida que el país pueda lograr el nivel de desarrollo más elevado al que puede aspirar tomando en cuenta las limitaciones o restricciones que enfrenta.
En primer lugar, es evidente que se ha distorsionado de manera grave la figura de revocación de mandato, de manera tal que la lógica de quienes hoy la promueven con vehemencia es diametralmente diferente de la lógica con que fue plasmada en nuestra Constitución. De ser un recurso para que un grupo mayoritario de ciudadanos inconformes con el presidente de la República en turno, el que sea, puedan solicitar su eventual remoción porque están en desacuerdo en la forma en que está llevando la conducción del país, se ha convertido en un instrumento de propaganda para el presidente en turno y su grupo político para hacerle creer a millones de ciudadanos que un grupo muy grande de adversarios se unieron y pretenden remover al presidente y que por tanto resulta imperativo que se presenten a votar “para que siga”.
El contexto de inestabilidad económica global que se vive en estos momentos, resultado de la funesta y reprobable guerra desatada por Rusia para invadir Ucrania, ha provocado al menos en las primeras dos semanas de conflicto, incrementos en los precios internacionales del petróleo, las gasolinas y el gas, por el lado del sector energía, y de diversos granos, por el lado del sector agroalimentario, por citar algunos.
Este escenario de incertidumbre, sobre todo en los precios de los energéticos, llegó en mal momento para el presidente López Obrador, pues hará hasta lo imposible para evitar que los incrementos en los precios internacionales de la gasolina se trasladen a los precios en México, pues lo orillaría a incumplir una promesa central de su programa de gobierno: que el precio de la gasolina no se incremente por arriba de la inflación. Sobre todo, porque no puede darse el lujo de que con el proceso de revocación de mandato en marcha los mexicanos se vean orillados a pagar más por la gasolina que consumen, de la misma forma que lo han tenido que hacer los ciudadanos de muchos países.
No es verdad que los precios en México se mantengan más bajos que en EUA porque se está rescatando a Pemex o porque supuestamente no haya corrupción, como presumió el presidente apenas el domingo pasado. Simplemente ocurre porque el gobierno está dispuesto a sacrificar los ingresos que se supone recaudaría vía el IEPS a las gasolinas y diésel. Estimaciones propias me indican que el gobierno habrá sacrificado cerca de 56 mil millones de pesos de ingresos durante el primer trimestre de este año, a lo que hay que sumar lo que ahora está destinando como subsidio a los gasolineros para que mantengan en los niveles actuales el precio, que para los primeros 18 días de marzo representará un gasto fiscal de cerca de 2,700 millones de pesos. La resistencia del presidente López Obrador a permitir que aunque sea una parte de los incrementos internacionales a los precios de las gasolinas se trasladen a los precios en México y que de esa forma nos obligue a hacer un uso más racional de este combustible en momentos de inestabilidad sin presionar las finanzas públicas, obedece a ese incentivo perverso que a partir de ahora enfrentarán todos los presidentes a la mitad de su gestión: entre adoptar decisiones difíciles pero responsables para el desarrollo del país y el futuro de los mexicanos, o adoptar decisiones populistas que eviten que su imagen se deteriore de cara a la revocación de mandato, optarán por las decisiones populistas, no importando el costo o impacto para las finanzas públicas y los posibles efectos negativos para el desarrollo del país en el mediano y largo plazos. Ahí está la perversidad.
