vía El Economista.
Antes de que siquiera iniciara de manera formal la administración del presidente López Obrador, ya habíamos observado que se perfilaría un sexenio complicado para la inversión privada en nuestro país. En este espacio he comentado en diversas colaboraciones sobre el terrible daño a la percepción de certidumbre entre los inversionistas que el gobierno de la “Cuarta Transformación” genera con sus constantes arrebatos con relación al destino de diversos sectores de la economía nacional.
Sabemos que se trata de un gobierno que está convencido de que la inversión privada es perversa en sí misma, que implica corrupción y que sus decisiones siempre van en contra del pueblo, y que en tal virtud, lo procedente es mantener a raya a los empresarios, ya sea cambiando caprichosamente las reglas, ejerciendo presión sobre ellos para que acepten nuevos arreglos contractuales que modifican o alteran de manera significativa lo que previamente habían pactado con el gobierno, o bien, utilizando a las instituciones gubernamentales para que retrasen decisiones, nieguen peticiones legítimas o incluso, mediante acoso de índole tributario, por citar algunas formas.
El caso de la mega multa de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la empresa española Iberdrola se inscribe en ese enfoque de control y asedio a la inversión privada. Digo lo anterior, porque es evidente que se trata de un arrebato administrativo del actual gobierno, que ha decretado que Iberdrola es un enemigo al que se debe doblegar, y de ser posible, aniquilar. Ya lo vimos en el debate público en torno a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que los grupos parlamentarios de la oposición en la Cámara de Diputados impidieron se aprobara, donde prevaleció una argumentación ideológica en contra de las energías renovables, alejada de un rigor técnico, objetivo.
De igual forma vimos argumentaciones parecidas en la discusión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que varios meses antes había sido aprobada con tintes similares a los de reforma constitucional rechazada, y que lejos de haber sido apuntalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como engañosamente manejan los voceros de la 4T, es cuestión de tiempo para que se desmorone por la cantidad de amparos que los tribunales terminarán concediendo a quienes los promovieron, en virtud de la pauta que les otorgaron siete de los once ministros de la SCJN.
En este caso, donde lejos de buscar cómo sí encontrar un esquema en el que el gobierno lograra corregir algunas situaciones que pudieran configurar un exceso o abuso de parte de empresas como Iberdrola, simplemente se ha buscado imponer el capricho, someter al inversionista y configurar una demostración de poder absoluto, aún cuando ello pueda significar empeorar las condiciones futuras de la economía mexicana.
El pretexto del gobierno ha sido que con la reforma energética del 2013 se buscó desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es absolutamente falso. Por ello, ahora todo lo que se hace desde el gobierno federal tiene como motivación eliminar o inhibir cualquier factor que pueda afectar el desempeño de la CFE, aún cuando ese efecto sobre el desempeño de la hoy aún empresa productiva del Estado provenga de las reglas aún vigentes.
Sabemos que la multa impuesta por la CRE a Iberdrola se desprende de una investigación solicitada por la CFE a ese órgano regulador, que hoy, lejos de actuar como una autoridad que cumple su mandato como autoridad reguladora de manera neutral, se comporta casi como un organismo subsidiario de la CFE, uno de sus regulados, que casualmente es el que es propiedad del estado.
Por eso es que en el contexto internacional se insiste en que los países asuman compromisos de mantener autoridades reguladoras neutrales, para evitar que se conviertan injustificadamente en factores de presión sobre los competidores de empresas propiedad del estado. Apartarse de ese principio simplemente perfila disputas comerciales futuras, pero peor aún, inhibe la inversión hacia adelante en un sector en el que México no puede darse el lujo de querer hacer todo solo. Ya conocemos esa historia, tarde o temprano afloran los fracasos por errores significativos de burócratas que piensan que lo pueden todos ellos solos.
@GerardoFloresR
