Eduardo Ruiz Vega | La Razón | 31 de Agosto 2015
Todo parece indicar que este lunes la Comisión Federal de Competencia decidirá el destino de la megamulta que impuso hace más de un año a la empresa Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. (“Telcel”), por haber incurrido en prácticas monopólicas relativas en el mercado de terminación de llamadas en teléfonos móviles.
El monto de la sanción, conocida comúnmente como la megamulta, asciende en principio a cerca de 12 mil millones de pesos. Notable expectación ha recibido este proceso por diversas razones de hecho y de derecho. Es notable, debido al tamaño y poder que tiene Telcel en el mercado mexicano. Aproximadamente 7 de cada 10 líneas celulares en México son operadas por Telcel.
El nivel de participación de Telcel en la telefonía móvil mexicana por sí mismo es impresionante. Se asegura que es un caso único a nivel mundial, al menos en países que como México han abierto a la competencia el sector de las telecomunicaciones desde los noventas. Si además sumamos a la estadística de la participación de 70% en telefonía móvil, la participación que tiene la afiliada de Telcel, es decir Telmex, en la telefonía fija, que también es del 70% en servicios de voz y de 80% en accesos de banda ancha, podemos advertir la presencia dominante que tiene el grupo propiedad de América Móvil, empresa controlada por el empresario Carlos Slim, en las telecomunicaciones mexicanas.
– Las autoridades reguladoras no han podido, o querido, a lo largo de los años imponer una regulación asimétrica efectiva al grupo Telcel-Telmex. La regulación asimétrica consistente en obligaciones específicas en materia de tarifas, calidad de servicio e información destinadas a regular a los operadores considerados con poder dominante en uno o varios mercados relevantes, como es el caso indiscutible de este exitoso grupo empresarial, están destinadas, precisamente, a evitar la comisión de prácticas monopólicas como las que pretende sancionar la Comisión Federal de Competencia y en general a nivelar el terreno de la competencia en el mercado.
Por eso será relevante la decisión que adopten los comisionados del órgano regulador este lunes. Lo será, de igual manera, debido a las particularidades de este proceso que increíblemente inició a finales del 2006, es decir, hace casi seis años; y cuya conclusión digamos en primera instancia (investigación y procedimiento de sanción) concluyó hace más de un año.
Durante meses, Telcel litigó la legalidad de la multa mediante la interposición del recurso de reconsideración que habrán de resolver 4 de los 5 integrantes del Pleno de la Comisión Federal de Competencia. En paralelo, con éxito, Telcel logró que no participe en esta instancia el Presidente del órgano, Eduardo Pérez Motta. El servidor público fue acusado de haber manifestado con antelación a las deliberaciones el sentido de su voto y ante este conflicto de interés fue recusado. Pérez Motta combatió judicialmente la determinación y conclusión a la que llegaron sus pares, es decir, sus colegas al interior del Pleno de la Comisión Federal de Competencia. Sin embargo, los tribunales concedieron la razón a Telcel y la sesión de hoy se llevará a cabo sin la presencia de este funcionario.
Entonces, habremos de ver los resultados de seis años de trámites y litigios respecto de una propuesta de sanción histórica por prácticas nocivas al proceso de competencia, en un entorno en el que cualquier reprimenda a los dominantes es indispensable.
