A falta de consensos en el Congreso de la Unión y entre los partidos políticos, una parte de la clase política ha estado llevando, desde hace dos sexenios, sus diferendos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A través de estos, a manera de segunda vuelta sobre decisiones legislativas o ejecutivas, la Corte ha revertido decisiones políticas, aunque aduciendo criterios jurídicos.
Con ello, sin darse cuenta, y dada la fragmentación del Congreso, el máximo tribunal del país se metió de lleno como un actor político, más que como uno llamado a resolver pulcramente los conflictos legales. En estas decisiones, siempre polémicas, había naturalmente votos de ministros que no complacían a demandantes o a demandados y, con ello se empezó a polarizar el ambiente hacia la Corte.
Además de esto, varios juzgadores federales, sobre todo el sexenio pasado, tomaron decisiones cuestionables e, incluso, de algunos de ellos se conoció también la venta de favores, en un contexto en que se debilitó la supervisión del Consejo de la Judicatura Federal. Que se dieran a conocer subejercicios multimillonarios, pagos en exceso y que varios juzgadores federales aparecieran en eventos deportivos y sociales de alta relevancia, deterioró más la imagen de este poder.
A principios de este año, la Corte, en un giro histórico, nombró por primera vez como su presidente (y cabeza del Consejo de la Judicatura) a alguien que no era de carrera judicial: el ministro Arturo Zaldívar, un abogado independiente, quien de años atrás venía impulsando criterios progresistas en materia de derechos humanos, así como de transparencia en el uso de recursos públicos.
El nuevo presidente de la Corte no la ha tenido fácil, pero ha logrado que se respeten los salarios de jueces y magistrados federales (aunque los salarios de los ministros sí tuvieron una reducción autoimpuesta de cerca de 20%). También ha logrado salvar los fondos de jubilación. La idea es asegurar condiciones para que los jueces no se corrompan ante el mejor postor. Este tipo de garantías han probado ser eficientes en varios países desarrollados.
A la par, como no había pasado en otros años, el Consejo de la Judicatura ha destituido, en pocos meses, a cuatro juzgadores y suspendido a uno más, esto aunado a nuevos procesos en contra de importantes magistrados sobre los cuales se han descubierto irregularidades relevantes.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo que está haciendo la Corte por cambiar desde dentro, hay fuerzas políticas y sociales que apuestan por un cambio más radical. Los vimos en acción el pasado fin de semana: desde cuentas en redes sociales afines a Morena, se organizó una marcha contra la Suprema Corte y se orquestaron varias tendencias nacionales críticas al Poder Judicial de la Federación.
En el Congreso de la Unión también hay una serie de iniciativas que buscan reformar el Poder Judicial. Para unos, es cuestión de que llegue la austeridad. Para otros, es un intento por someter a un poder que, dado que no tiene criterios de mando verticales, se mantiene en mayor medida independiente y autónomo.
En América Latina hay dos grandes modelos para los juzgadores. Está el venezolano, en donde el régimen chavista tomó el control del Tribunal Supremo de Justicia al nombrar a 12 nuevos magistrados. Pero también está el colombiano que, a pesar de ataques de la guerrilla, del narcotráfico y de gobiernos de ultraderecha, se mantuvo independiente y estructuró planes para combatir a la delincuencia urbana o para sancionar al “Cártel de la toga”.
En nuestro país también hay dos tipos de juzgadores. Aquellos que están tomando decisiones perfectamente razonables, como las que le ordenan al Congreso de la Unión definir cuáles fueron los criterios para fijar el salario Presidencial y a partir de ahí se estableciera el salario del resto de los servidores públicos del país; los que aceptan que una mujer pueda decidir abortar cuando el embarazo proviene de una violación; los que frenan obras relevantes del gobierno federal al no contar con permisos básicos; o los que amparan a una menor con autismo para que su escuela le permita tomar clases, sin discriminación, en los mismos horarios que sus compañeros.
Pero también están los juzgadores que protegen al crimen organizado; los que amparan a grandes empresas que lavan dinero; o los que quieren que se congelen cuentas bancarias en México —en un inusitado cambio de criterio— sólo cuando la solicitud venga de autoridades extranjeras, no de autoridades nacionales.
En su inmensa mayoría, el Poder Judicial es uno de hombres y mujeres trabajadores que aplican las leyes a cabalidad. Ha costado muchos años y mucho dinero tener a mil 500 juzgadores que en mayor medida han logrado dar certeza en temas torales para este país.
En los siguientes meses enfrentarán, quizál, su mayor reto en décadas: reformarse ellos, desde el interior, o ser reformados por las fuerzas políticas de este país que están en una lucha diaria y brutal por la conquista de espacios de poder.
El Poder Judicial no sólo es clave para la estabilidad política y democrática en México, también da certeza a todas las inversiones en nuestro país. Asimismo, es fundamental para combatir la pobreza y acabar con la desigualdad al promover acceso a servicios públicos, sancionar la corrupción y no permitir abusos de poder.
Así que, pronto veremos cómo y quién reforma al Poder Judicial, dejando claro que las mejores prácticas internacionales apoyan el cambio desde dentro.
