En agosto del año pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció que pospondría la licitación de la banda de 2.5 GHz, para iniciar en el tercer trimestre de este año. Aún estamos en ese tercer trimestre, así que no se puede reprochar al regulador no haber dado inicio al mismo, aunque por las actividades que se supone deben ocurrir de manera previa, hay indicios de que se les complicará iniciar formalmente dentro del plazo anunciado.
De acuerdo con el comunicado que el IFT difundió a mediados de agosto del año pasado, entre las razones para postergar la licitación de esta importante banda estaban:
Aun cuando el inicio de la ejecución de la licitación será durante el tercer trimestre del 2017, en el 2016 el Instituto avanzará en la planeación del proceso licitatorio a través de un estudio integral sobre la mejor forma de licitar la banda de 2.5 GHz, que incluye aspectos como: el tamaño de los bloques mínimos a licitar, el mecanismo de licitación, el tipo de los bloques (nacionales vs regionales), la cantidad de espectro que se pondrá a disposición del mercado, los valores mínimos de referencia y el impacto cruzado que tendrá la licitación de la Red Compartida”. “Esta modificación atiende, además, a observaciones recibidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en función de favorecer una mayor concurrencia en el proceso licitatorio de la banda de 2.5 GHz, pues para entonces habrá concluido el proceso licitatorio que el gobierno federal lleva a cabo de la Red Compartida”.
Pues bien, después de todas esas consideraciones de agosto del año pasado, América Móvil, el preponderante le hizo al IFT la travesura de adelantarse en la distribución del espectro en esta banda, lo que diversos funcionarios del órgano regulador calificaron de manera resignada como una operación en el mercado secundario: la transacción por la que Telcel adquirió 60 MHz que estaban en manos de MVS.
Esa sola transacción alteró todas las consideraciones o elementos que el IFT señaló que serían objeto de revisión de cara a la licitación. Para empezar, está la cantidad de espectro en esta banda que el órgano regulador, sin intentar meter las manos, permitió que Telcel concentrara de manera adelantada a cualquier otro agente. Luego está el precio que pagó a MVS, que todo indica el IFT está considerando como una referencia obligada, cuando cualquier economista serio puede darse cuenta que el precio pagado a MVS incluye lo que yo llamaría una prima por perpetuar la hegemonía del preponderante. Es decir, pagó más de lo que realmente valen esas frecuencias, en un afán de evitar que caigan más adelante en manos de competidores.
En lo único que ayudó al IFT esa transacción es a tener elementos para poder determinar que el preponderante no podrá participar en la licitación. No debe permitírsele obtener más espectro en esta banda. Hacerlo, estaría simple y sencillamente fuera de cualquier lógica de competencia en el sector.
Por lo que hace a la posible participación en esta licitación del ganador del contrato de la Red Compartida, Altán, no hay duda que el IFT tiene ahora frente a sí un escenario más complejo que antes de posponerla. Dado que éste es un operador que sólo participa en el mercado mayorista, ponerlo a competir en igualdad de circunstancias con operadores que participan tanto en el mercado mayorista como minorista, resulta muy complicado.
Así que lejos de aclararle las cosas, parece que la posposición de la licitación le habría complicado más el escenario al IFT. De hecho, después de lo de Telcel, todo indica que la concurrencia será muy reducida. No obstante, por el bien de la competencia y de los usuarios, hago votos para que todas las dudas que había de cara a la licitación en el 2016 se hayan podido resolver.