2021.10.05
Vía El Economista
La iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad que el presidente López Obrador remitió a la Cámara de Diputados el jueves de la semana pasada representa un retroceso de tal magnitud en todos los aspectos que podemos caracterizar, sin temor a equivocarnos, como un salto irreflexivo y caprichoso al inicio de la década de los años sesenta. Es decir, hacia cerca de la mitad del Siglo XX.
Lo que desnuda las intenciones de esta reforma es ese capricho de repudiar los enfoques de administración modernos, y solo porque al presidente y al director general de la CFE, Manuel Bartlett, les molesta la transparencia, la rendición de cuentas y la relativa autonomía de las organizaciones, en este caso de las filiales y subsidiarias de la CFE, entonces hay que desaparecerlas, regresar al diseño de empresa de la primera mitad del Siglo XX.
Ya entrados en gastos, pretenden desmantelar el andamiaje institucional cuyo único propósito era contribuir a lograr mercados eficientes y transparentarlos, esa es la tarea de un órgano regulador. Pretender desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) sea absorbido por la CFE, anula cualquier posibilidad de que haya un mercado en el que convivan una empresa propiedad del Estado, con poder monopólico, y operadores privados, que funcione de manera adecuada.
Mientras el Estado no garantice un andamiaje institucional que haga que las decisiones regulatorias no estén influenciadas por los caprichos políticos o ideológicos del gobierno en turno, que no garantice que las decisiones no están diseñadas para favorecer a la empresa propiedad del Estado frente a los operadores privados, no habrá incentivos para la inversión privada, y con ello, para la innovación.
Persistir en la idea de convertir a la CFE en empresa monolítica, sin las subsidiarias que caracterizan a una empresa moderna, que a la vez tenga las facultades para adoptar decisiones que tendrán efectos sobre la cantidad de electricidad que los privados podrán subir al sistema eléctrico nacional, no solo se convertirá en una fuente de gran corrupción, como la que sí imperaba en los años sesenta y setenta del siglo pasado, sino en la fuente de un sistema eléctrico nacional altamente ineficiente, y costos para todos los contribuyentes de México.
Asimismo, que la CFE organice el despacho económico de unidades de generación eléctrica considerando los costos totales de producción, como lo plantea la reforma, y habiendo visto las serias limitaciones o deficiencias en materia de teoría económica de costos de generación que los funcionarios de la CFE exhibieron en las sesiones de “parlamento abierto” que se llevaron a cabo en ambas cámaras cuando se aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, permiten suponer que las decisiones que adoptará la CFE para cumplir este mandato serán básicamente discrecionales, opacas y caprichosas. Hay varios aspectos más que rayan en lo irracional que analizaremos más adelante, pero por lo pronto no puedo dejar de mencionar que gran parte de la iniciativa de reforma constitucional, de ser aprobada en sus términos, ocasionaría que México incumpla compromisos contraídos en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y en el T-MEC.
No extrañaría que tal como ha ocurrido en el caso de otras iniciativas que se enviaron al Poder Legislativo durante la actual administración, no se haya hecho un análisis serio sobre los posibles riesgos de incumplimiento de compromisos internacionales y el tamaño de las represalias comerciales que México podría sufrir de seguir adelante con los cambios al marco constitucional o legal. Todo indica que en el caso de esta iniciativa no se tomaron la molestia en hacerlo.
Por ello, al ser tantos los aspectos que hacen a la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad una propuesta que raya en lo irracional, no debería extrañarnos que en realidad se trata de un cálculo perverso del presidente para que una vez que se haya materializado el rechazo de la oposición a su propuesta, construir la narrativa sobre una oposición conservadora que no quiso estar “del lado del pueblo” y que prefirió mantener un modelo que privilegia el saqueo, “en perjuicio del pueblo bueno”, aunque la 4T no pueda acreditar de forma seria y bajo estándares universalmente aceptados tales afirmaciones.
