2018-05-29
La semana pasada, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, así como el comisionado Javier Juárez, se refirieron a la problemática que se vive en México, consistente en que algunos municipios del país mantienen algunas barreras u obstáculos que impiden un mayor despliegue de redes por parte de los operadores de telecomunicaciones.
Coincido con los comisionados del IFT en la importancia que implica que los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, coadyuven de manera activa en el impulso de un mayor despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Se trata, desde mi punto de vista, de la asignatura pendiente de la reforma constitucional de telecomunicaciones del 2013 que resulta de mayor importancia, toda vez que a partir de ella, un mayor número de mexicanos podría acceder a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Se trata de una cuestión que no depende de la voluntad de los operadores para competir, porque aunque cuenten con los recursos para invertir en el despliegue de más infraestructura en los municipio, si éstos no otorgan en forman oportuna los permisos para que se haga la obra civil necesario para el despliegue de fibra óptica o la instalación de radiobases, o ponen demasiados obstáculos para llevar a cabo esa tarea, la instalación de infraestructura simple y sencillamente se retrasará y, con ello, se retrasarán las oportunidades que se abren para una sociedad mejor conectada. Esas trabas son a las que se refieren los comisionados del IFT.
Conviene recordar que el Congreso de la Unión al momento de promulgar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión hizo un esfuerzo por alentar un mayor despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, al establecer de manera expresa que el Ejecutivo Federal, los estados, los municipios y el gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, debían colaborar y otorgar las facilidades necesarias para la instalación y despliegue de infraestructura y la provisión de los nuevos servicios públicos de interés general: telecomunicaciones y radiodifusión. No obstante, pareciera que el lenguaje utilizado no tuvo eficacia y ha llegado el momento de realizar otras acciones.
Ahora bien, si bien es de reconocer el esfuerzo realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para promover un mayor despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, a través del aprovechamiento de los inmuebles públicos federales, así como de los de algunas entidades federativas que se han adherido a esta política pública, aún queda mucho trabajo por hacer en esta materia. Por ello, no debe pasarse por alto la posibilidad de que sea el Congreso de la Unión, quien a través de legislación de carácter general, establezca que las entidades federativas y municipios no puedan imponer obligaciones o cobros excesivos para que los operadores desplieguen su infraestructura, pues como ya mencioné, los servicios que se suministran a través de la misma están definidos en el Artículo 6 constitucional como servicios públicos de interés general.
Para este propósito, resultará de gran utilidad analizar cómo han resuelto estos desafíos otros países, principalmente aquellos que tienen una organización político-administrativa similar a la de México, y prever a manera de incentivo para los municipios, la posibilidad de que puedan cobrar algún derecho por el otorgamiento de permisos para el despliegue de infraestructura, incluso distinta a la de telecomunicaciones, sin que se convierta en un incentivo recaudatorio perverso que siga frenando el tan necesario despliegue de más infraestructura. Se trata de que puedan tener otras fuentes de ingresos, al mismo tiempo que permitan que sus habitantes gocen de un cada vez mayor acceso a servicios modernos de telecomunicaciones, de mejor calidad.