2021.09.17
Vía El Economista
De manera sigilosa, sin hacer mucho aspaviento, el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) dedicado a la difusión de anteproyectos regulatorios de la administración pública federal, publicó ayer el anteproyecto de “Acuerdo por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021-2024”. Lo primero que hay que decir sobre este documento es que llega tarde y mal.
Llega tarde porque no hay pretexto que valga, estamos a solo dos meses de que concluya la primera mitad de la gestión del presidente López Obrador y por ahí se da a conocer lo que se supone es el documento rector que servirá de base para la instrumentación de lo que acá se denominó como Estrategia Digital, y que muchos otros países han puesto en marcha desde principios de este siglo XXI. Ejemplos hay muchos, en EUA, Canadá, Europa e incluso América Latina, así que los autores no pueden alegar no tener referencias.
En teoría, un documento estratégico como este debe incluir un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra el país en diferentes aspectos, como el estado de la infraestructura de conectividad, su alcance, la calidad de la conectividad que se provee a través de esa infraestructura, los problemas que se enfrentan en distintas regiones de ese país, el provecho que le pueden sacar los que hoy en día se pueden conectar de manera cotidiana, las competencias digitales de la población, el abanico de servicios con alto impacto social que se prestan en el país de que se trate, hasta dónde han podido llegar los operadores privados, hasta dónde el sector público, y desde luego, cómo se compara ese país con muchos otros países, ya sean sus vecinos, sus socios, o bien, países con niveles de desarrollo similares.
Después del diagnóstico, se está en condiciones de enumerar los desafíos que enfrenta el país para poder ampliar la conectividad de su población, mejorar las competencias digitales de las personas, reducir las brechas con respecto a otros países, multiplicar los contenidos que se deberían generar para beneficio de la gente, empezando por los que tienen que ver con facilitarle a la gente su forma de vida, la forma en que interactúa con el gobierno, la forma en que interactúa en los distintos mercados, y desde luego, los contenidos culturales y de entretenimiento, sin dejar de analizar los retos y oportunidades que representan los distintos marcos regulatorios vinculados con los ejes que conforman la estrategia.
Todo ello, con las metas y plazos en los que el gobierno que impulsa esa estrategia pretende lograr su cumplimiento, incluyendo los mecanismos para revisar los avances y realizar los ajustes que se requieran. Dos metas centrales que no pueden omitirse en un plan o estrategia de este tipo tiene que ver con el porcentaje de hogares y personas que deberán estar conectadas a una buena infraestructura de banda ancha de última generación y la velocidad mínima a la que se pretende tengan acceso la mayoría de las personas, en determinada fecha.
Pues bien, nada de eso se aborda o se responde en el anteproyecto de Acuerdo de Estrategia Digital Nacional. No hay ningún diagnóstico, no se cuantifica dónde estamos parados, no se califican los problemas ni los desafíos a resolver, no se identifican necesidades financieras para poner en marcha la estrategia y lograr las metas planteadas, no se delinea cuál será el papel de los inversionistas privados ni se perfila con claridad cuál será el rol que asumirá el sector público, y bueno, no se establece ningún tipo de meta contra la que más adelante podamos valorar si se hizo un esfuerzo serio o no. En consecuencia, además de llegar tarde, también se vale afirmar que llega mal.
Por todas estas razones, no es arriesgado anticipar que en los tres años que le restan a la actual administración México seguirá rezagándose frente a sus socios y sus pares en cuanto a su capacidad para sacarle el mejor provecho posible al ecosistema digital.
