2021.02.10
Vía El Economista
Son muchos los problemas que aquejan a México y que la administración del presidente López Obrador ha recrudecido. Ante índices de criminalidad ya catastróficos y gravísimas deficiencias en nuestros órganos de procuración y administración de justicia que rayan en la denegación misma de la justicia (un 95% de impunidad es prueba de ello), el presidente ha preferido mirar a otro lado y emprender una cruzada justiciera contra “los culpables del neoliberalismo”.
Una cruzada soportada por una ideología caduca y por amplios grupos de poder que se resisten a las reformas modernizadoras impulsadas durante el sexenio de Peña Nieto en energía, telecomunicaciones, competencia económica y educación. Los grandes sindicatos de maestros, petroleros o electricistas y los oligopolios y monopolios nacionales apoyan interesadamente los delirios del presidente. No obstante, el máximo riesgo para nuestro país no está ni en la criminalidad ni en las desastrosas e inconstitucionales políticas que han ahuyentado la inversión; no, el verdadero riesgo es la tiranía.
En “The Independent Journal” del 30 de enero de 1788, James Madison definió la tiranía como “la concentración de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en las mismas manos, sean las de un solo individuo, de unos pocos, o de muchos, ya se trate poderes heredados, autoproclamados o electivos.” Más de 230 años después, la mayoría de los votantes decidió entregar todo el poder a un mismo grupo de personas.
Contra toda teoría constitucionalista moderna, se escucharon muchas voces, incluso educadas, sosteniendo que era necesario que el nuevo grupo en el poder no tuviera contrapesos, para que “no tuviera obstáculos para completar el proyecto de transformación que prometió”.
Sin perjuicio de la postura política que cada uno tenga, lo cierto es que a pesar de los engranajes y poleas que desde 1917 hemos incorporado y aceitado una y otra vez en la Constitución, tendientes a lograr y preservar una verdadera separación y contrapeso entre los poderes constitucionales, hoy nos encontramos ante un fenómeno de concentración sin precedentes en la historia moderna que representa un grave riesgo para México, pues en palabras de Madison, “[n]o se puede negar la naturaleza expansiva del poder […]”.
Por esta razón, sin importar las características éticas o morales, o incluso las propias intenciones de la persona en quien recaiga el poder, su concentración ilimitada en una persona o un pequeño grupo de personas, nunca es deseable, particularmente para las minorías y sobre todo para la minoría más importante: el individuo libre.
Mucho se esforzó Madison en sus ensayos que hoy integran El Federalista, para sostener y demostrar que “una mera demarcación sobre el papel de lo que son los límites constitucionales de las diversas ramas, resulta de todo punto insuficiente para protegernos de las usurpaciones de poder que llevan a una concentración tiránica de todos los poderes de gobierno en unas mismas manos”.
Es precisamente en esta engañosa trampa de la delimitación documental en la que actualmente ha caído nuestro México. En el papel, el poder judicial y los órganos constitucionales autónomos son independientes, en la práctica, no.
Hoy el poder legislativo y el poder ejecutivo son controlados por un mismo grupo. Así, este grupo tiene dominio pleno sobre el presupuesto y la distribución de recursos entre el resto de los poderes. Hamilton previó la debilidad de los contrapesos frente a un ejecutivo y un legislativo controlados por una camarilla: ni el judicial ni los órganos constitucionales autónomos tienen “influencia sobre la espada, ni sobre la cartera.” La única manera de recuperar la normalidad constitucional es arrebatándole a Morena el control de la Cámara de Diputados en las próximas elecciones.