No cabe duda de que este 2016 representa una encrucijada para el destino de la reforma en materia de telecomunicaciones del 2013. Para empezar, tal como ya lo he mencionado antes en este espacio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el órgano regulador constitucionalmente autónomo creado para buscar un marco de regulación verdaderamente efectivo, actualmente lleva a cabo un procedimiento para evaluar la efectividad de las obligaciones específicas impuestas a los dos agentes económicos preponderantes: América Móvil, el identificado en el sector telecomunicaciones; y Grupo Televisa, el identificado en el sector radiodifusión.
Asimismo, este año debe concluirse la licitación del proyecto de la red compartida mayorista, que la Constitución prevé que debió iniciar antes de que concluyera el 2014. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene previsto entregar el contrato correspondiente al ganador en diciembre de este año. Se trata de un proyecto que busca llevar infraestructura de banda ancha inalámbrica de última generación, utilizando una banda de frecuencias muy codiciada por cualquier operador privado.
En el papel suena muy prometedor, por el objetivo de cubrir todo el territorio con esa infraestructura. En los hechos, quienes han estado involucrados expresamente en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en México saben que los desafíos son enormes, incluso aun cuando la nueva ley en la materia prevé de manera expresa que la instalación de infraestructura de telecomunicaciones es de jurisdicción federal, y que por lo mismo las autoridades locales en teoría no deberían ser un obstáculo o freno para este fin, siguen presentándose complejidades para instalar en forma oportuna torres para antenas de operadores móviles, por citar un ejemplo.
Por otro lado, este año entró en funcionamiento la regulación para la desagregación de la red local del agente preponderante, la denominada desagregación del bucle local. Es una figura central para impulsar una competencia efectiva en el sector telecomunicaciones, pero también para lograr que haya eficiencia en las inversiones que realizan tanto los operadores competidores del preponderante como este mismo. Según lo que he conversado con distintos actores de la industria, las tarifas que el IFT le autorizó a América Móvil para que cobre a sus competidores por el uso desagregado de esa red, en combinación con las tarifas que este agente está cobrando u ofreciendo en el mercado final, es decir, las tarifas que ofrece a sus usuarios, anulan en los hechos la posibilidad que abrió la reforma constitucional de permitir que los competidores de Telmex pudieran utilizar la última milla de ésta. Tal parece que hoy en día ocurre una conducta similar a la que Telmex desplegaba en los primeros años de la competencia en el mercado de larga distancia: el estrechamiento o estrangulamiento de márgenes, situación que se presenta cuando el operador cobra a sus competidores tarifas por usar su red que hacen inviable que éstos puedan ofrecer al menos las mismas tarifas que Telmex ofrece a sus usuarios.
Esto ocurre al mismo tiempo que en el Reino Unido el órgano regulador ya reconoció que la regulación que utilizó los últimos 10 años para que los competidores de British Telecom (BT), el equivalente británico de Telmex, pudieran utilizar la red local de ésta, no funcionó, y eso que esa regulación es más audaz que la que hoy utiliza el IFT en México.
Por ejemplo, los principales competidores de BT presentaron un escrito ante esa autoridad, en el que le piden que ya proceda a la separación estructural de la red local de BT, que se asegure que esa red es operada en forma completamente autónoma del resto de las líneas de negocio de BT.
Ojalá que el IFT no se tome 10 años para darse cuenta de que esta regulación específica no está funcionando.
