2021.03.09
Vía El Economista
Es altamente preocupante el rezago que presenta nuestro país en el ámbito de la participación de las mujeres en el ámbito laboral, y peor aún después del choque producido por la pandemia del Covid-19. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes a enero pasado, que el Inegi difundió el pasado 25 de febrero, la tasa de participación económica de las mujeres, es decir, el porcentaje de mujeres que se ubican dentro de la categoría de Población Económicamente Activa (PEA) respecto del total de mujeres de 15 años y más, se ubicó en 40.5 por ciento.
Este dato en forma aislada no nos dice mucho, pero cuando lo comparamos contra el mismo dato correspondiente al género masculino, que en enero fue de 73.3%, entonces podemos observar de manera elocuente la disparidad en la participación económica de mujeres y hombres.
En el mismo sentido, cuando observamos cuál era el nivel de este indicador en marzo de 2020, cuando inició la pandemia y lo comparamos con el dato de enero de este año, observamos que el impacto ha sido diferenciado, en perjuicio de las mujeres. Mientras que en marzo del año pasado había 22.9 millones de mujeres dentro de la PEA, en enero de 2021 eran 20.7 millones de mujeres, lo que implica una caída en la PEA femenina de 9.6 por ciento. En el caso de la PEA masculina, en marzo de 2020 se registraron 34.5 millones de hombres, mientras que para el primer mes de este año Inegi reporta 33.8 millones de hombres, una caída de 2 por ciento. Es decir, en términos de variación, el impacto del choque producido por el Covid-19, la PEA de las mujeres resintió un efecto negativo casi cinco veces superior al que sufrió la PEA de los hombres.
Este escenario es todavía más preocupante cuando nos enteramos por voz del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien ayer mostró en una videoconferencia organizada junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el INMUJERES y la CEPAL, que la tasa de participación económica de las mujeres en México se ubica entre las más bajas de América Latina, y que cuando nos comparamos contra países como Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Colombia, Chile, Brasil o Argentina, todos con tasas de participación económica de las mujeres superiores a la que se registra en nuestro país.
Esto se refiere únicamente a un aspecto meramente cuantitativo, que es el número de mujeres en la PEA, pero un análisis especial merece también la disparidad salarial, el número de horas trabajadas, el crecimiento en el empleo, el acceso a la seguridad social, la tasa de subocupación o la tasa de informalidad y varias otras variables que nos mostrarán sin ninguna duda que en México tenemos una enorme deuda con las mujeres, quienes aún enfrentan obstáculos desproporcionados frente a los que llegan a enfrentar los hombres para insertarse de la mejor manera posible al ámbito laboral.
Ello, sin mencionar la nefasta circunstancia que millones de mexicanas tienen que enfrentar en el trabajo aún a estas alturas del Siglo XXI, me refiero desde luego al acoso y violencia sexual, temas que como hemos visto en semanas recientes, lamentablemente están presentes por igual en el ámbito del sector público y la política, como en el sector privado.
Si aspiramos a ser una sociedad más desarrollada, con mayores niveles de bienestar para todos, es imperativo que empecemos a diseñar de manera más activa, políticas públicas que incentiven una creciente inserción de las mujeres a las actividades económicas, por un lado, y que disminuyan la disparidad entre los beneficios que obtienen hombres y mujeres, por otro. De manera central, tenemos que enfrentar el deleznable problema del acoso y la violencia sexual contra las mujeres. Seguir con la inercia de lo que se ha hecho hasta ahora, nos seguirá condenando a ser un país con grandes problemas y permanente tensión social.
