vía El Sol de México.
El próximo lunes será un día decisivo para la libertad de expresión, ya que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tendrá que definir sobre si es constitucional o no, la reforma de octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de los derechos de las audiencias.
La reforma -hoy vigente- eliminó la obligación de que comunicadores distingan entre opinión e información al presentar una noticia, además, estableció un sistema de autorregulación para que tanto el nombramiento del Defensor de las Audiencias y los Códigos de Ética para la radio y televisión abiertas, fueran nombrados por estos mismos, y sobre frenó una sobrerregulación.
¿Cuál es el riesgo de regresar al pasado? Que el gobierno diga cómo deben decirse las noticias so pena de imponer multas, además de ejercer un control a través de un interventor denominado: defensor de audiencias que se vuelva un modelo de comunicación totalmente estatista y autoritario, al grado de poder suspender transmisiones radiodifundidas.
La libertad de expresión protege lo que se dice y como se dice, no se trata solo de proteger el trabajo de medios y periodistas, sino a la sociedad en su conjunto.
Lo que pretende un grupo de “intelectuales de izquierda” por decirlo de una manera decente, es ofender la inteligencia de la población, al buscar que mediante un timbre, campana o trompetilla se haga una diferencia entre lo que es opinión e información, y peor aún, cuando es programación y cuando es publicidad.
Esto no puede ser posible en pleno siglo XXI, sólo en países como Nicaragua o Venezuela se ha visto esta clase de atrocidades, si la SCJN no toma en cuenta la realidad nacional que están viviendo los medios en México (ataques desde el poder y matanza de periodistas) así como las acciones en otras naciones que, literalmente cierran medios, el siguiente paso, lo demuestra el ámbito internacional, es que este tipo de gobiernos van contra los poderes legislativo y judicial.
Si los medios no ven una acción contundente y clara de la SCJN, seguramente acudirán a instancias internacionales como podría ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
En el razonamiento y en sus criterios la SCJN tiene la resolución, ir por la libertad de expresión.
