vía El Economista.
El presidente López Obrador afirmó recientemente que todas las reformas desde Salinas hasta Peña Nieto fueron realizadas con el objetivo de “legalizar la corrupción”. Independientemente de lo contradictorio de esta afirmación (si algo es legal no es corrupción), que sólo confirma la visión mesiánica del presidente, en donde la justicia está sobre la ley y él es el único que puede decidir lo que es justo, resulta interesante analizar lo que para López Obrador es corrupción. Corrupción, para él, es privatizar empresas propiedad del gobierno; fomentar el libre mercado y la competencia; garantizar la propiedad privada por encima de la propiedad gubernamental, etc.
En pocas palabras, para López Obrador un gobierno es corrupto cuando fomenta la libertad de empresa, industria y comercio, pero no cuando asume el control centralizado de monopolios administrados por políticos.
¿Dónde cree usted que hay más corrupción? ¿En empresas privadas donde cada quién arriesga su propio dinero o en empresas de nadie administradas por políticos designados por el presidente de la República, como Pemex o CFE? ¿Quién cree que administre mejor, Carlos Slim en Telmex y Telcel o Manuel Bartlett en la CFE? ¿Quién cree que infla los precios de los contratos que firma con sus proveedores para llevarse un moche, Bartlett o Slim?
Le propongo un ejercicio: recuerde la cara del último burócrata con el que tuvo la desgracia de tratar e imagínelo dirigiendo la empresa del gobierno que tiene el monopolio de la leche en polvo, por poner un ejemplo. ¿Cree usted que el abasto de leche en polvo sería eficiente o, más bien, comprarían leche en polvo en la India con un sobreprecio del 50% (para los amigos y “El Movimiento”) y la regalarían con criterios electorales y con un enorme subsidio? ¿Dónde está la corrupción?: en el Estado, porque el Estado es una abstracción y un pretexto, somos todos y nadie. Lo que existe es un conjunto de individuos que buscan el poder para aprovecharse de él. Así es que difiero del presidente.
La corrupción proviene de aquellos que viven del dinero de otros y no de los que arriesgan su propio dinero y prestigio.
En otro tema, pero relacionado, el presidente se quejó amargamente de la existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) porque, según él, le quitó atribuciones al Estado. Primero, habrá que recordarle que él no es el Estado, y que el IFT es un órgano de éste expresamente previsto en la Constitución. En las democracias se busca dividir el poder en diversas instancias que se vigilen unas a otras para que nadie exceda las atribuciones que la Constitución le confiere y no pueda concentrar un poder excesivo. Por eso nació el IFT: porque desde la SCT y la presidencia de la República se otorgaban o quitaban concesiones de manera arbitraria, dependiendo de intereses políticos y para favorecer a los amigos. Eso es lo que añora López Obrador: el poder de otorgar y quitar concesiones a discreción, para premiar y castigar.
Además, aborrece que el mecanismo de selección de comisionados dependa de un riguroso examen realizado por otros órganos constitucionales autónomos que ninguno de sus floreros aprobaría jamás. Tanto en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como en el IFT la capacidad técnica es más importante que la grilla y los padrinazgos. Por eso los quiere desaparecer a la mala, restringiéndoles el presupuesto hasta que su operación se vuelva imposible y absteniéndose de enviar las ternas al Congreso para llenar las vacantes de los respectivos plenos. Cofece está peleando; los comisionados del IFT están espantados y sometidos. Es muy triste ver la sumisión del órgano con más atribuciones y facultades de los previstos en la Constitución. Sin duda, tiempos extraordinarios requieren de hombres extraordinarios.
