vía El Economista.
Durante la lectura del discurso con motivo de su cuarto informe de gobierno, el presidente López Obrador mencionó que el año próximo 2,800 antenas “para cumplir el compromiso de garantizar el servicio de internet gratuito en escuelas hospitales y espacios públicos en todo el territorio nacional”.
El objetivo desde luego es bienvenido, México necesita que se hagan esfuerzos para poder llevar servicios de telecomunicaciones al mayor número posible de mexicanos. Llevar conectividad a donde hoy no la hay es una meta en la que el gobierno federal, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los concesionarios comerciales, inversionistas e incluso organizaciones de la sociedad civil deberían coincidir para que ocurra al menor costo posible para los contribuyentes y con las mejores tecnologías posibles.
Un esfuerzo de esta naturaleza requiere un diagnóstico hecho a conciencia, que sí, lleva meses, quizá más de un año, pero provee las bases para hacer desde el inicio una buena planeación, que identifique claramente las necesidades de infraestructura por región, los desafíos regulatorios locales, lo que incluye un gran universo de trámites a nivel municipal, que identifique también o defina con seriedad los tiempos razonables para el despliegue de la infraestructura, la cantidad de recursos financieros que se van a requerir, la fuente de esos recursos, si es que se pueden estructurar esfuerzos compartidos, etcétera.
Claro, todo ello con la definición de metas medibles, en términos de infraestructura instalada, pero también en términos de personas a las que se logró no solo incorporar como usuarios de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo el internet, sino más importante aún, capacitar adecuadamente para que lleven a cabo una adopción de la banda ancha como parte de su vida cotidiana, que además de comunicarlos, les ayude a resolver problemas muchas veces asociados al aislamiento en el que han vivido.
Lamentablemente, en el caso del proyecto que el presidente López Obrador le ha encomendado a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), primero se definió lo financiero, casi 20 mil millones de pesos que la Cámara de Diputados le ha asignado en conjunto para los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Lo demás vino después.
Esto último no es una minucia, primero porque cuando CFE TEIT obtuvo su título de concesión, por parte del IFT, en 2019, lo hizo bajo la figura de una concesión de uso público, para prestar servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro. La cuestión que ya se ha discutido mucho alrededor de esta figura de concesión y su uso es que en efecto impone grandes limitaciones a CFE TEIT sobre lo que realmente puede hacer.
Al ser un concesionario de uso público, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión le impone una restricción adicional a la prestación de servicios sin fines de lucro. Está en la fracción II del artículo 76 de la misma, que en su segundo párrafo señala: “En este tipo de concesiones no se podrán usar, aprovechar o explotar con fines de lucro, bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado”.
Los servicios de telecomunicaciones de CFE TEIT por los que cobra tarifas que bien pueden considerarse comerciales, utilizando hoy en día capacidad de la red compartida, operada por Altán, que explota la banda de frecuencias de 700 MHz, que según el marco legal mexicano está clasificada como una banda de uso determinado, estarían apartándose de las restricciones que le impone la ley y la concesión. Para no ir tan lejos, esta empresa tan persigue fines de lucro que invirtió una fuerte cantidad en promocionales en periódicos de circulación nacional para promover sus servicios, incluso en ciudades como la Ciudad de México en la que legalmente no podría explotar servicios.
Todo lo anterior sirve para ilustrar que en el gobierno federal no estudiaron bien qué es lo que podían hacer y cuál era la mejor forma para hacerlo. Al paso de unos tres años, muchos tendrán que reconocer que se eligió la opción equivocada, que para entonces habrá mal invertido miles de millones de pesos de los contribuyentes. Otro caso de mala planeación.
*El autor es economista.
@GerardoFloresR