Por: José Antonio García Herrera
Regresando de vacaciones estimados amigos.
Desde hace algún tiempo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), han tenido diversas reuniones para negociar acerca del costo que el IFT impone como contraprestación, para renovar las concesiones de radio y televisión.
Tales contraprestaciones son un costo adicional que las estaciones de radio y televisión abierta deben pagar, además de los tiempos oficiales, electorales, la hora nacional, y todos los demás impuestos que pagamos todos.
En estas reuniones, la CIRT, el IFT y la SHCP, acordaron establecer (sin que a la fecha se haya oficializado) un límite a la población sobre la que se calculan las contraprestaciones, de 6,500,000 habitantes, lo que ayudará mucho a las ciudades con más de 6 millones de habitantes (como la Ciudad de México, y… nada más).
Pero, más allá de este cambio, las autoridades no han modificado la fórmula o los elementos base del cálculo.
Han pasado meses, y ni el IFT ni la SHCP han tomado medidas para resolver esta situación. Por su parte, la CIRT sigue esperando pacientemente a que las autoridades la escuchen.
Esta situación es relevante, dado que las estaciones de radio y televisión en México están pagando, de forma proporcional, contraprestaciones 500% más altas a las que se pagan en los Estados Unidos de Norteamérica a la FCC (según la Regla 16-61 de mayo de 2016 de la propia FCC).
Esto, a pesar de que el poder adquisitivo y venta comercial en los EUA es mucho mayor al que hay en nuestro país, a la vez que los impuestos y cargas que pagan las estaciones son menores a los que deben pagarse en México.
Esto porque en México el IFT determinó que la valuación de las contraprestaciones se base en la cantidad de personas que viven en la cobertura de una determinada estación de radio o televisión, sin tomar en consideración el poder adquisitivo de dicha población.
Esperemos que pronto haya avances en este asunto, porque una industria de radiodifusión importante para el país e indispensable en las emergencias no podrá competir con los nuevos medios de comunicación basados en Internet.
LAS NOTICIAS MALAS
Es común escuchar de las dificultades que enfrentan los periodistas para llevar a cabo su labor, dificultades reales y complejas.
Pero también hay que recordar que los periodistas tienen una responsabilidad, social y legal, de no invadir la privacidad de las personas, si no es por una razón de interés público.
Tal responsabilidad implica una ética profesional y el criterio necesario para informar al público y evitar el sensacionalismo y el amarillismo periodístico.
Puede llamar la atención saber si el Presidente Peña citó mal o copió partes de su tesis hace 15 años, y también puede ser buena plática de café referir que no hay registro de ninguna cédula profesional de Carmen Aristegui. Pero en total honestidad, es información sin valor periodístico, y que no afecta al interés público.
Concluyendo, este tipo de reportajes, especialmente cuando se anuncian como grandes revelaciones periodísticas, no tienen un valor social ni aportan información relevante, útil, responsable o valiosa, ni ayudan a mejorar la calidad de nuestras autoridades.
En realidad sólo alimentan rencores personales y confirman los prejuicios de cada persona.
