2021.03.16
Vía El Universal
Todos los cambios normativos que ha empujado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están siendo ‘tumbados’ por jueces federales, al señalar que violan acuerdos, leyes y hasta la propia Constitución. Lo mismo sucedió, apenas en febrero pasado, cuando la Suprema Corte invalidó la política gubernamental de ‘confiabilidad del sistema eléctrico nacional’.
No conforme con ello, el gobierno federal y legisladores afines aprobaron hace días una nueva ley eléctrica que repite, en buena medida, las normas que los jueces han echado para atrás. Sin embargo, la afectación a la certeza en inversiones energéticas parece estar hecha, y el desgaste jurídico que se prevé terminará por dañar a las empresas que se instalaron en México.
No obstante el daño que la directiva de la CFE ya ha hecho, al complicar cualquier inversión, ahora Manuel Bartlett acecha al sector telecomunicaciones. Según documentos internos, la CFE planea ser proveedor de telefonía móvil usando la banda de 800 MHz, en la cual tanto AT&T como Telefónica Movistar han renunciado al espectro, por caro. Ahora la CFE espera que el Estado prácticamente se lo regale para dar servicio de telefonía celular en condiciones desconocidas.
Y es que la CFE en temas de telecom es un enigma, pero también es un hoyo negro que ‘chupa’ millones al erario. Para el periodo 2020-2021 se le asignaron casi 3 mil millones de pesos a la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, y no queda claro cuál es su plan. Además, su programa de internet parece relegado por el propio Presidente de la República, luego de que se reunió, en febrero, con los operadores de telefonía móvil (Telcel, AT&T, Telefónica y Altán) y pactaron llevar cobertura móvil (incluyendo internet) a poblaciones con menos de 5 mil habitantes.
La última vez que hubo noticias del programa gubernamental Internet para Todos fue el año pasado, en septiembre, cuando la CFE, a través de un boletín de prensa, señaló que sólo contaban con mil puntos de atención conectados y que, derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-19, habían conectado a internet a 18 hospitales de alta especialidad.
El marco normativo actual establece que cualquier dependencia, para proveer servicios de telecomunicaciones (internet o telefonía) con frecuencias de espectro de uso público, no puede tener fines de lucro, pero esa definición hoy en día parece corta, dadas las maniobras de la CFE. Sobre todo si la empresa productiva del Estado argumenta que no tendrá lucro, pero sí ingresos, al pretender desplazar a los operadores privados para que el gobierno federal ahorre cerca de 3.1 mil millones de pesos que gasta en promedio al año en estos servicios.
El resultado pinta para ser el mismo que en materia eléctrica: alejarán inversiones privadas, costará más a los contribuyentes, no habrá “ahorro” para el Estado y se dará un servicio caro y malo a las dependencias. Sencillamente, a la CFE no le gusta la competencia y no acaba de dañar el sistema eléctrico nacional, cuando ya tiene en la mira al sector de las telecomunicaciones, el cual siempre ha sido motor de la economía nacional, al crecer más que el promedio del PIB.
Al cierre de 2020, la CFE reportó una pérdida antes de impuestos por casi 71 mil millones de pesos. Así, encima de la presión financiera que ya tiene por sus actividades en el mercado eléctrico, habrá que sumarle nuevas por los temas de telecomunicaciones.
Bajo la óptica de la 4T, el Estado debe de tener un papel cada vez más relevante como agente económico y proveer de bienes y servicios, pero desplazar a la iniciativa privada, cuando es más barata y eficiente, es una receta que siempre ha probado ser desastrosa para cualquier país.
Al parecer la CFE no entiende. Ojalá alguien del gobierno revise con cuidado esta ocurrencia. Tanto el Presidente como la propia Secretaría de Energía merecen mejores resultados (y menores pérdidas) de lo que está dando la actual gestión en la CFE. No todo se puede disfrazar alegando “soberanía energética”.
