2018-06-15
En México, por la vía judicial, se prohibió en 2017 la comercialización del dispositivo Roku, el cual, conectado al televisor, permite tener acceso a canales de películas y programas de televisión vía Internet.
La razón de tal prohibición, derivada de una acción jurídica emprendida por Cablevisión, es que el dispositivo permite, con facilidad, que la delincuencia organizada distribuya ilegalmente contenidos audiovisuales protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual. Se acusa a Roku de que, a diferencia de Apple TV, Google Chrome o Amazon Fire, que comercializan “cajitas” similares, no haya realizado acciones tecnológicas realmente eficaces para combatir el robo de la programación, lo que ha permitido o incentivado la comisión de diversos delitos en nuestro país por parte de cientos de miles de personas.
De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit, se han comercializado en México alrededor de 1.1 millones de dispositivos de Roku, de los cuales alrededor de 575 mil serían utilizados para bajar contenidos piratas. Nuestro país, desafortunadamente, no se caracteriza porque prevalezca una cultura a favor de los derechos de propiedad intelectual. Estudios muestran que la pérdida por no respetar los derechos de autor asciende a poco más de 4% del Producto Interno Bruto.
La batalla que debe darse en este tema –en todo el mundo, de hecho-, es inmensa y alegar, como lo hace cómodamente Roku, que no es responsable del mal uso del instrumento del delito, es inaceptable. Su plataforma, a juzgar por lo que está ocurriendo en el mercado, es frágil.
Cerrar los ojos a este tipo de fenómenos es promover conductas y ganancias del crimen organizado; lejos de llevarnos a consolidar un México moderno, de respeto a las leyes y los derechos de terceros, allanan el camino para que sigamos por una vía nada halagüeña donde premiamos el rebase por la izquierda, el gandallismo y la piratería.
¿Por qué Roku no ha podido evitar el mal uso de su dispositivo como sí lo han hecho sus competidores? Esa es la pregunta de fondo en el asunto. Al impedirse la comercialización de estos dispositivos, no se combate el acceso a los contenidos vía Internet sino la libre disponibilidad en el mercado mexicano de un “cajita” que facilita que se vulneren los derechos de autor, al tener barreras poco eficaces para impedir el acceso a obras intelectuales protegidas (series, películas, eventos deportivos) sin pagar un solo centavo a quienes producen o invierten en la creación, comercialización o distribución de tales contenidos audiovisuales.
Son cientos de miles de mexicanos quienes incurren en dicha ilegalidad, conscientemente o no. Un balazo a la creatividad, a la inversión y al desarrollo. Aunque en el pecado va la penitencia: en miles de casos los usuarios, a cambio del “acceso gratuito”, tuvieron que pagar un alto costo no monetario al permitir que sus datos personales o la información de su equipo de cómputo sea accesible a terceros criminales.
Apenas en junio pasado en Europa se detuvieron 61 personas que integraban una empresa pirata de televisión por Internet, cobraban 10 euros al mes a cambio de acceder a programación ilegal; en marzo fue detenido en España el dueño de la empresa Blusens, que vendía una caja similar a Roku denominada WebTV, y operaba con servidores ubicados en Francia; en junio de 2017, en Asia se desmanteló una empresa similar en Singapur, Hong Kong, Vietnam e Indonesia denominada expat.tv. En Inglaterra se ha discutido mediáticamente si Roku favorece la piratería, denominándola un conocido diario (The Sun) como caja de trampas o truco.
Los esfuerzos contra este tipo de piratería no son exclusivos de México. Hasta el momento las decisiones judiciales han sido acertadas, favoreciendo la protección de creadores y productores mexicanos, así como de empresas que en forma legal contratan contenidos extranjeros para ser transmitidos en nuestro país.
No podemos olvidar que el disfrutar de las nuevas tecnologías exige también el respeto de los derechos de los demás. Su novedad no implica anarquía.
