2021.06.02
Vía El Economista
Por intereses del régimen, los derechos de las audiencias parecen no ser otra cosa que un eufemismo para limitar la libertad de expresión; una retórica restrictiva, subjetiva y ambigua, que puede ser muy peligrosa para la libertad y la democracia.
Es cierto que los derechos de las audiencias están contemplados en la Constitución, pero su definición y alcance deben ser definidos en la ley. Por otro lado, la libertad de expresión ha sido la piedra angular de todas las democracias liberales del mundo y por ello el alcance de su protección constitucional es mucho más amplio.
Hay dos formas de ver los derechos de las audiencias. La correcta va de la mano de la libertad de expresión y considera que la audiencia recibe más beneficios mientras más medios ejerzan su libertad para difundir información, ideas y opiniones. La incorrecta, cree que el Estado debe cuidarnos de aquello que podamos ver u oír. Esta última es la opinión de la Asociación de Defensorías de las Audiencias, A.C. (AMDA).
La AMDA y los señores Gabriel Sosa Plata (director general de Radio Educación), Adriana Solórzano Fuentes (directora de producción y planeación de Radio Educación) y Beatriz Solís Leree (defensora de las audiencias del Canal 14 del gobierno), todos funcionarios públicos, han tratado de defender la injerencia estatal en la libertad editorial de la radio y la televisión. Incluso han usado a las instituciones en que trabajan para difundir información que pretende acallar las preocupaciones de los radiodifusores libres, que ven en la “reviviscencia” de los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones un grave riesgo para la libertad de expresión.
La AMDA y los burócratas de la 4T pretenden convencernos de que es imperativo que el Estado supervise y sancione lo que se dice en la radio y la televisión privada y, al mismo tiempo, coadyuvan en el repugnante uso de los medios públicos para cantarle loas al gobierno. Como señaló en un artículo reciente María de las Mercedes Olivares (miembro de la AMDA que también vive del erario público): “tenía que existir toda una estructura jurídica, tal como leyes y lineamientos, y orgánica, como las defensorías de las audiencias, obsequiada (¡Qué bonita palabra!, el gobierno nos obsequia derechos) y reconocida respectivamente por el órgano competente (un grupo de burócratas), para que así́ usted, como audiencia, pudiera ejercer su derecho y su inteligencia para detectar si un contenido audiovisual en algún punto no se ajusta a contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación; que usted, tenga a la mano programación que difunda expresiones de la diversidad, promueva la pluralidad y fortalezca la visión democrática de la sociedad”.
Ésta es la visión de la AMDA, que piensa que el gobierno nos obsequia derechos y que tiene que haber alguien (que dependa del gobierno) que vigile cómo hace usted uso de su inteligencia. Al mismo tiempo, los miembros de la AMDA son omisos cuando se trata de saturar las pantallas con la Mañanera o las tlayudas del señor presidente, permitiendo el uso de las estaciones de radio y televisión públicas para los fines político electorales de Andrés Manuel López Obrador. Nunca he visto a la señora Beatriz Solís defender a las audiencias de Canal 14 (como se supone es su obligación) ante el cúmulo de mentiras y ataques arteros a particulares desde la tribuna del presidente.
La diversidad, la pluralidad y la visión democrática de la sociedad se han visto gravemente comprometidas en los medios públicos, y son precisamente los miembros de la AMDA los que supuestamente defienden los derechos de las audiencias de esos medios. No contentos con su paupérrimo trabajo en materia de libertad de expresión siguen empeñados en meter sus garras en la radio y televisión privadas, esas que de verdad muestran la pluralidad de opiniones que hay en el país y no la visión de un solo hombre. Es esta libertad la que el régimen y sus burócratas no pueden soportar.