La semana pasada analicé en este espacio un mal endémico de América Latina: la economía de extracción de rentas por parte de una élite que se niega a competir y en donde el favor político y la capacidad de influir en la regulación valen más que el servicio y la calidad al cliente. Mientras no adoptemos un andamiaje institucional robusto que verdaderamente impida el amasiato entre los intereses económicos de la élite y los intereses de los políticos, nunca llegaremos a una verdadera economía de libre mercado en competencia.
Y no estoy hablando de la creación de más entidades burocráticas que no sirven para nada y mucho menos de órganos constitucionales autónomos que, en la práctica, se han convertido en una forma de perpetuarse en el poder más allá del término del mandato del gobierno en turno. No, me refiero a la ley y a su aplicación ciega. Por algo el símbolo clásico de la justicia es una mujer con una balanza, una espada y los ojos vendados. La balanza para pesar la razón de cada uno, la espada para imponer la sentencia aún sea por la fuerza, y la venda para no distinguir entre amigos y enemigos. Estos tres elementos tienen que estar presentes en todo momento, si falta alguno de ellos la ley se corrompe y la injusticia y la impunidad campean a su antojo. Para nadie es un secreto que desde hace mucho tiempo la señora carece de venda y la espada sólo se utiliza en contra de aquel que no puede comprar el favor del verdugo.
Un consumidor mexicano puede reclamar los abusos de los bancos, las aseguradoras, las telefónicas o las compañías de luz o gas en la Profeco o la Condusef, pero éstas sólo pueden imponer multas que siempre serán más bajas que el beneficio obtenido por las prácticas abusivas, así es que de nada sirven para inhibirlas. Es cierto que el afectado puede demandar, e incluso sumarse a una acción colectiva, pero tal y como están nuestras leyes, al mexicano de a pie le saldrá más caro el caldo que las albóndigas. Por un abuso de mil pesos tendrá que invertir cuando menos cincuenta mil y cientos de horas de su tiempo, y si tiene la suerte de ganar el juicio deberá probar el daño personal y directo causado. Suponiendo que lo pueda hacer, le devolverán sus mil pesos más el interés legal correspondiente. Con estas leyes, a los grandes monopolios les seguirá conviniendo abusar de los consumidores.
Cuando se reformaron las leyes para permitir las acciones colectivas en México, se redactaron para que no sirvieran. En países donde el imperio de la ley es la regla y no la excepción, cualquiera puede iniciar una acción colectiva sin necesidad de sortear todos los obstáculos y requisitos burocráticos que se impusieron en la ley mexicana. Además, las acciones colectivas de nada sirven si no se acompañan con la posibilidad de que el juez imponga daños punitivos; esto es, no sólo resarcir a los afectados con la reparación del daño directo causado, sino también con una indemnización lo bastante grande que permita inhibir las prácticas abusivas. Es decir, se trata de imponer un castigo ejemplar para que estas prácticas sean eliminadas. Sobra decir que en México no existen los daños punitivos.
Recuerdo que cuando se introdujeron a nuestro sistema las acciones colectivas, los diputados trataron de justificar los candados para su ejercicio bajo el argumento de que los abogados íbamos a hacer negocio con ellas y se dispararía el número de demandas en contra de las empresas. Este argumento equivale a decir que el acceso a la justicia se debe inhibir para que no se demande a aquellos que abusan de su posición de privilegio.
El lunes casi todo el país se quedó incomunicado por una falla en el servicio de internet de Telmex. El hartazgo y las quejas fueron numerosas. Ustedes tranquilos, hagan lo que hagan de nada servirá. ¿O acaso en este tema, por primera vez, nos dará la Profeco una defensa real de los consumidores?
