12 de julio de 2012
Ernesto Piedras
El Economista
En días recientes han abundado las notas sobre los elementos legales relativos a la negativa del séptimo tribunal colegiado al amparo por el que Telmex pedía que se reconociera la afirmativa ficta que recibió en el 2008, luego que la Cofetel sobrepasó el tiempo para responder a su solicitud para cambiar el título de concesión. A decir de los abogados, la decisión es inapelable y, si la empresa quiere ofrecer el servicio de TV restringida, tendrá que iniciar el proceso de nuevo desde cero. Así de simple.
Pero, ¿qué hay acerca de las implicaciones de esta decisión sobre el mercado y la competencia efectiva? Finalmente, las disposiciones legales y regulatorias no son un fin en sí mismas, sino un medio para la promoción de la competencia; y con ello, la optimización del bienestar social y la productividad.
Una fotografía de la concentración
Entonces, conviene repasar el panorama del mercado en cuestión para entender por qué, en las condiciones actuales, no es deseable ni mucho menos conveniente permitir la incursión en el mercado mexicano del operador dominante, Telmex, a la TV restringida.
De inicio, llama la atención que más de dos décadas después de la privatización del entonces monopolio gubernamental, Telmex, el mercado hoy día sigue mucho más cerca de ese escenario de concentración absoluta que de uno en competencia efectiva. Sin duda, el caso de mayor concentración en el mundo de cualquier mercado que se piense u ostente en competencia, con un peso mayor a 80% del mercado de telecomunicaciones fijas, tanto en número de líneas como en ingresos, además de dos terceras partes de las conexiones de banda ancha del país. Y eso, sin considerar su participación en las telecomunicaciones móviles, en la cuales su subsidiaria, Telcel, ostenta 70% del mercado, se mida como se mida. Con todo, no es entonces de sorprender el diagnóstico de la OCDE que nos ubica, tanto a nivel sector como país, con un mercado de servicios caros, escasos y de mala calidad derivado de esta concentración.
Actualmente, una tercera parte de la población tiene acceso a los servicios de Internet, situación que podría considerarse favorable para el país. Sin embargo, también este hecho exhibe que dos terceras partes de los mexicanos aún se encuentran desconectados, con todas las implicaciones negativas de la exclusión digital. Y, al considerar las conexiones de banda ancha, la penetración en este otro mercado dominado por Telmex se limita a 12.5 por ciento.
Prevalece la falta de competencia efectiva
Así, garantizar un adecuado marco regulatorio y de políticas públicas debe traducirse en crear incentivos para que las nuevas tecnologías se aprovechen tanto en mejoras productivas como de competencia. Eso es precisamente lo que nuevamente ha dispuesto el referido tribunal, en respaldo a las decisiones de las entidades involucradas en diferentes fases del proceso: la Cofetel, la SCT y la CFC, entre otros.
Pero no debemos confundirnos. En realidad, no es posible considerar que la decisión haya constituido un paso hacia adelante en términos regulatorios: seguimos tan mal como estábamos y las cosas no han cambiado. El único hecho relevante es que no se le dio permiso al operador dominante para cambiar su título de concesión y con ello poder incursionar en la oferta de otros servicios.
Parece importante aclarar que el anuncio reciente de negar al operador dominante del segmento fijo, Telmex, la posibilidad de ofrecer servicios de video de paga resulta en que nada ha cambiado en el sector. Lo que significa es que las condiciones de competencia no equitativa y acotada prevalecen en los mismos términos que han permitido a esa empresa conservar cuatro quintas partes del mercado, dos décadas después de su privatización y muchos años después de la entrada de la competencia al mercado.
Así, el resultado de la excesiva concentración de mercado en los diferentes segmentos de las telecomunicaciones mexicanas puede y debe contrarrestarse con acciones gubernamentales efectivas para revertir sus efectos negativos. Como en el resto de los mercados que han logrado avanzar hacia la competencia, se requiere aplicar temporalmente esquemas compensatorios del tipo de obligaciones específicas o de regulación asimétrica. Además, deberá limitarse la recurrente litigiosidad y abuso de amparos que han entorpecido la sana competencia en las telecomunicaciones mexicanas.
Con todo, es importante tener claro que dos de las letras c de esta menguante administración (la competencia y la convergencia) deben seguir ese orden: primero competencia, luego entonces, la convergencia. De otro modo, terminaríamos con mayor concentración de mercado, de esa ya maltrecha competencia en las telecomunicaciones mexicanas.
