Ernesto Piedras
El Economista
Ayer se publicó un comunicado sobre la constitución de una asociación civil especialmente diseñada para establecer el primer IXP (Internet Exchange Point) en México. Un IXP, como su nombre en inglés lo indica, es un punto de interconexión donde se conecta una gran cantidad de redes, de diferentes operadores, para hacer más eficiente el tráfico de datos. Esta nueva política es resultado de las 10 acciones propuestas a principio de año en el documento “Acciones para el fortalecimiento de la banda ancha”, derivado del estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México “Review of Telecommunications Policy and Regulation in Mexico”.
La iniciativa nace a partir de las recomendaciones que la OCDE hizo en su estudio, un diagnóstico integral sobre la situación actual de las telecomunicaciones mexicanas, desarrollado con una robusta metodología y con información oficial provista por cada gobierno. El resultado fue un ejercicio comparativo que remata con recomendaciones específicas para el desarrollo del sector y la maximización del bienestar del consumidor, basados en el fomento de la competencia efectiva.
Entre los elementos más importantes del documento están las acciones concretas que propone para mejorar la situación actual de la industria. Estas recomendaciones de política sectorial se dividieron en tres grandes apartados. En primer lugar, asegurar la eliminación de barreras de entrada al mercado mediante la apertura a la Inversión Extranjera Directa en todos los segmentos de la industria y la creación de medidas efectivas para promover la sana competencia al interior del mercado, por medio de instituciones fuertes que puedan exigir su cumplimiento.
En segundo lugar, propone hacer un cambio en los procesos regulatorios que se traduzca en mayor transparencia, no discriminación hacia los nuevos operadores y la aplicación efectiva de un marco regulatorio eficiente. De esta forma, se pone énfasis en la necesidad de fortalecimiento de la Cofetel como órgano regulador con plena autonomía, para evitar la doble ventanilla con la SCT.
Finalmente, el documento hace hincapié en reformar la legislación existente para estimular un aumento real en la competencia.
Entre estos cambios, se insiste en aumentar la capacidad de la Cofetel para determinar las tarifas de interconexión ex ante, evitar la discriminación en la industria, así como poder determinar la dominancia de los operadores e imponer las sanciones correspondientes.
Como es posible observar en la descripción anterior, las recomendaciones de la OCDE van en su mayoría encaminadas a la regulación del sector, más que al despliegue de infraestructura, como supone la creación de un IXP. Sin embargo, el documento sí indica: “El gobierno deberá estimular a los ISP para que establezcan un punto de interconexión de Internet” (OCDE, 2012).
Inclusive, esta recomendación no es un tema nuevo y se ha discutido incansablemente en el ámbito internacional, especialmente al considerar que México es el único país de la OCDE y de los pocos en Latinoamérica que no cuenta con este tipo de infraestructura.
Al respecto, la OCDE explica que un IXP “… permite el intercambio de tráfico en un solo punto, reduce los costos de tránsito, elimina los costos de transporte transfronterizo y genera incentivos para crear contenido nacional”.
Vale la pena mencionar que la adopción de todas las recomendaciones de la OCDE no supone la solución de todos los problemas de las telecomunicaciones mexicanas, pero sí establece un marco de referencia para la política pública nacional. Y en esta línea, la SCT reconoce que la implementación de este IXP facilita “el intercambio de tráfico de Internet, haciendo la transacción más rápida, eficiente y barata, ya que en estos puntos convergen muchas redes, lo que permite que, cuando una red se conecta con un solo IXP, puede acceder a todas las redes que llegan al mismo sitio” (SCT, 2012).
Es importante mencionar que, si bien la implementación de un IXP en el país mejora las condiciones de interconexión e interoperabilidad de redes, las grandes redes de Internet de las que depende la gran mayoría de los usuarios de telecomunicaciones mexicanas ya están interconectadas. Sin embargo, toda política pública que facilite el desarrollo de la industria mediante el despliegue de nueva infraestructura y la adopción de prácticas internacionales es más que bienvenida. Esperemos que la nueva administración retome la ruta de mejores prácticas en beneficio de la población y difusión del uso de Internet entre los mexicanos, para así lograr un avance en la ya tan ansiada reducción de la brecha digital.
