Ernesto Piedras/ El Economista
El presupuesto de una nación es, más allá de un simple asiento contable, un instrumento para la promoción del crecimiento económico, del desarrollo, de la estabilidad y de la equidad social. Su instrumentación simultánea es por demás compleja, por lo que requiere la identificación de sus niveles óptimos, así como de los instrumentos, instituciones y marco legal para alcanzar esos fines.
Mejor aun si este Presupuesto de Egresos es un elemento de una política integral para un sector, en este caso, de las telecomunicaciones. Y es que se debe entender por política fiscal al conjunto de reglas relativas a la captación tributaria (impuestos) y al monto y forma del gasto del gobierno para satisfacer las necesidades de la población.
Sin embargo, en México no existe aún una política fiscal integral para este sector que derrama transversalmente a la sociedad y al aparato productivo sus servicios.
Al respecto, el presupuesto asignado para las telecomunicaciones en el 2014 derivado del PEF revela principalmente dos grandes rubros.
Por una parte, aquel presupuesto asignado a la SCT especialmente para gastos administrativos e inversión en proyectos de infraestructura, que creció 38% para alcanzar 118,000 millones de pesos, y que representa 2.7% del PEF 2014. Es importante destacar que, aunque pareciera que este monto es muy elevado, queda en manos de la SCT realizar los proyectos de infraestructura necesarios para el avance tecnológico del sector, por lo cual necesita importantes flujos de capital para llevar a cabo estas urgentes inversiones.
Por el otro lado, asignado al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones que al crecer en 204% alcanzó 2,000 millones de pesos. El crecimiento nominal se explica porque este nuevo organismo deberá ejercer las funciones previas de la Comisión Federal de Competencia Económica en materia de telecomunicaciones, así como algunas de la SCT. En este sentido, 10,000 millones de pesos dentro del presupuesto de SCT corresponden a la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), siendo la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT la dependencia encargada de ejercer los recursos para continuar la transición, planeada para finalizar en diciembre del 2015. Además, la SCT estará encargada de llevar a cabo los proyectos de inversión para el despliegue de infraestructura que se plantearon en la reforma en telecomunicaciones, contribuyendo así al fomento de un sector económico de destacada importancia, con el fin de tener un impacto positivo sobre la vida de los ciudadanos.
A través de un presupuesto alineado con los objetivos específicos de una política pública para las TIC, se logrará avanzar en el fomento de la expansión de la cobertura, mejorar la distribución de infraestructura en el país, además de promover la adopción de los servicios a través de una educación digital e incluyente, y será posible para todos los mexicanos alcanzar la derrama productiva que este sector aporta a la economía nacional.
Con todo, es una buena noticia que las TIC comiencen a ubicarse en el centro de los esfuerzos presupuestales. Ahora toca a los responsables del ejercicio y aplicación presupuestal mostrar sus capacidades para generar la competencia efectiva tan largamente postergada en el sector, y con ello consecuentemente, la cobertura, calidad de servicio y precios competitivos para el conjunto de la sociedad.
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