Ernesto Piedras
El Economista
No resulta excesivo insistir en que, hoy día, pareciéramos vivir con una confusión o una indecisión con respecto al tipo de sector de telecomunicaciones que necesita nuestro país. Y su consecuente indefinición nos cuesta mucho en términos de competitividad y bienestar social. Seguimos careciendo de la capacidad que han mostrado nuestros principales rivales comerciales para ajustarnos a las nuevas condiciones económicas que derivan del avance tecnológico, con adecuaciones y reformas regulatorias y legales en el campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).
Es importante -además de urgente- pensar transversalmente en estos temas de las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información.
¿Cómo? De forma tal que, al delinear políticas educativas, se haga en términos del siglo XXI: con conectividad, que no abandone los recursos valiosos de la educación tradicional, pero que se refuerce con ideas como un libro de texto electrónico, aulas digitales, recursos y contenidos en línea, capacitación magisterial remota, etcétera. También, como todo gobierno nacional, estatal o municipal que se pronuncia por ser intensivo en la generación de empleo, que lo haga con un enfoque de capital humano de alta productividad, como la que resulta de las TICs. Y, así, sucesivamente para todos los temas de la agenda nacional como son la seguridad, la salud, el crecimiento económico, el desarrollo integral, la cultura y todos los demás, pero basados y fortalecidos con estos beneficios del -que parece ya imparable- progreso tecnológico.
Política Pública Integral (PPI)
Para todo lo anterior, es necesario contar con una Política Pública Integral (PPI) para las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información. Una PPI se puede describir como el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, para el fomento y apoyo de un sector económico o social de destacada importancia, con el fin de tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Y la pregunta aquí es si existe en México ese conjunto de medidas articuladas con la fortaleza institucional que ameriten llamarse una política pública para las telecomunicaciones. La respuesta es negativa: categóricamente, no.
Si acaso existe una serie de acciones y medidas, relativamente conectadas, que se basan en una arquitectura institucional que a todas luces resulta insuficiente. Y eso por no mencionar la desatención que prevalece desde el gobierno federal y los estatales hacia los temas de telecomunicaciones como interconexión, concesiones, competencia, política fiscal de fomento, así como sus efectos sistémicos sobre la economía y la sociedad. El potencial sobre la generación de empleo, crecimiento económico, salud, educación, entre otros, es innegable, pero queda ampliamente desaprovechado.
El mercado por sí solo puede y hace mucho. Pero no lo logra todo. Una PPI efectiva debería, de una vez por todas, lograr la competencia efectiva más allá de discursos y litigios. Pero también debería llegar a toda la población con instrumentos también efectivos y hasta imaginativos. Pero no lo hace.
Desde el inicio de su difusión masiva, se ha reconocido a las telecomunicaciones y las TICs como un recurso que permite a sus usuarios traspasar fronteras geográficas, culturales y jurisdiccionales para el acceso y difusión de la información, así como para el intercambio comercial. Sin embargo, en México, nos encontramos por debajo de nuestro potencial en el uso y la disponibilidad de las TICs, así como con respecto a nuestros principales socios comerciales e incluso al compararnos con otros países de condiciones similares.
Por ello, resulta indispensable implementar en México una política pública enfocada a incrementar el uso democrático de las TIC, encaminada a robustecer el desarrollo económico y social del país, con el fin de mejorar el crecimiento económico y el bienestar social, es decir, el desarrollo económico integral.
Asimismo, esta Política Pública Integral debe ser, además de eso (integral), incluyente, con el objetivo de beneficiar a los sectores económicos y a la sociedad en su conjunto, ya que sólo involucrando a todos los actores de la economía nacional podrán obtenerse los impactos transversales que derivan del uso y aprovechamiento de las TICs. Estas políticas deben, entonces, promover el desarrollo económico mediante el despliegue de infraestructura, los incentivos a la inversión, tanto pública como privada, así como el aumento en la competencia efectiva al interior de la industria.
Derivado de una política que fomente la expansión de la cobertura, mejore la distribución de infraestructura en el país, promueva la adopción de los servicios a través de una educación digital e incluyente, será posible para todos los mexicanos alcanzar la derrama productiva que este importante sector aporta a la economía nacional.
