Ernesto Piedras
El Economista
Gracias a Internet, el acceso a la información sigue derribando fronteras y democratizándose crecientemente. Sin embargo, esto aún no es una realidad para todos. Desde hace una década la Unión Internacional de Telecomunicaciones definía la banda ancha como la capacidad de transmisión de datos con velocidades por encima de 1.5 mbps, los estándares internacionales actuales han acotado este mínimo a un valor entre 5 y 2,000 veces esta velocidad. Sin embargo, en México, la evolución de la adopción de la banda ancha ha tenido un lento avance entre la sociedad, dejando al país en un importante rezago tecnológico. Al cierre de septiembre del 2012, la ban da ancha fija alcanzó 14.8 millones de conexiones, los cuales representan un crecimiento anual de 14 por ciento. No cabe duda de que este segmento presenta un elevado dinamismo, con tasas de crecimiento de dos dígitos; aunque a pesar del crecimiento observado, éste se ha reducido considerablemente en periodos recientes. Además, al analizar los niveles de penetración del servicio vemos que existen apenas 12.9 conexiones por cada 100 habitantes. Por su parte, una de las mayores contribuciones de Internet ha sido la conectividad móvil; gracias al elevado nivel de penetración de las telecomunicaciones móviles en el país, a las que cuatro de cada cinco mexicanos tienen acceso, esta tecnología brinda una oportunidad única de aumentar la conectividad de los mexicanos. Este salto tecnológico elimina barreras de acceso, derivando en un importante aumento en la oferta de smartphones, además de una baja generalizada en los precios de planes de datos, motivando esta nueva tendencia cdways on. En la actualidad es 23.3% de las líneas móviles teléfono inteligente, de los cuales mis de la mitad cuenta con un plan de banda ancha móvil. Así, al tercer trimestre del 2012,10.2 millones de usuarios móviles tienen contratado un plan de datos, que les ofrece la posibilidad de acceder a Internet desde su dispositivo móvil. Banda ancha: ¿un derecho fundamental? Debido a los innumerables beneficios de la conectividad entre los individuos, diversos países han realizado esfuerzos por conectar a su población. De hecho, en el 2011 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a Internet como un derecho humano y Fin
landia se convirtió en el primer país en declarar a la banda ancha como derecho fundamental para todos sus ciudadanos. Y lo más importante, bajo las condiciones de una velocidad mínima de 1 mbps y a un precio accesible. Esta situación es de suma relevancia, ya que si bien se garantiza el derecho a la banda ancha, también se establece que los usuarios deben pagar por ella. En otros países como Estonia, España, Francia, Costa Rica o Grecia, el acceso a Internet ya se considera un derecho fundamental, pero no se especifican sus características en la ley, dejando un amplio margen de indeterminación a la hora de hacerlos valer. Así, la discusión sobre los diferentes esfuerzos que se han llevado a cabo para transformar el acceso a Internet en un derecho fundamental se han topado con la cuestión de si debe ser gratis o no. Especialmente en países en desarrollo, donde los usuarios que contratan el servicio de banda ancha suelen pertenecer a niveles socioeconómicos altos, las políticas públicas han buscado la conectividad de aquellos que hoy continúan sin acceso. En este sentido, las telecomunicaciones móviles representan un potencial sin igual para la conectividad universal. Por ende, muchos países que no entraron con redes de telecomunicaciones de última generación en su momento tienen la posibilidad de realizar un salto tecnológico (leap frogging) mediante redes inalámbricas, por ejemplo, un vasto segmento de la población mundial ha obtenido acceso por primera vez a un teléfono propio mediante el servicio móvil. De manera equivalente, se observa que el primer acceso a Internet en niveles socioeconómicos bajos comienza a ser sobre redes móviles. En México, no podemos olvidar que la gran mayoría todavía no cuenta con acceso a la banda ancha y que diversos esfuerzos, como el Pacto por México, proponen convertir a estos servicios en un derecho constitucional. Sin embargo, cabe destacar que la inclusión de un derecho en la Constitución no implica su efectiva aplicación, todavía faltan medios de acceso como dis positivos y una política sectorial específica para lograr la conectividad efectiva. Sólo así se podrá lograr una verdadera democratización del acceso, logrando que los mexicanos desconectados puedan hacer valer sus derechos. En este sentido, el concepto de precios accesibles debe regir por encima de todas las condiciones específicas para permitir el acceso a todos aquellos desconectados que aún no pueden pagar por el servicio.
