Ernesto Piedras/ El Economista
Los lentos retornos y lenta maduración de las inversiones en telecomunicaciones pueden derivar en desincentivos a la inversión, si no se cuenta con un marco regulatorio eficiente o un mercado en sana competencia. Y en este sentido, la alta concentración que presentan las telecomunicaciones mexicanas en sus diferentes segmentos sin lugar a duda contribuye a que en nuestro país exista un déficit de capital de infraestructura. Además, en países en desarrollo como el nuestro, los recursos financieros son escasos, derivando en un importante rezago tecnológico que contribuye a la falta de cobertura de servicios de telecomunicaciones, baja calidad, elevados precios y, por consiguiente, un aumento en la brecha digital, impidiendo la democratización de su acceso entre la población.
Como resultado, la capitalización del sector se vuelve indispensable para el desarrollo, y cuando los recursos públicos no pueden cubrir las necesidades del sector, la tendencia a nivel mundial ha sido recurrir al capital privado, tanto nacional como extranjero, para alcanzar el despliegue de infraestructura que los servicios de telecomunicaciones de nueva generación requieren.
Basado en las estrategias del Pacto por México y el Plan Nacional de Desarrollo, la asignación de recursos para el despliegue de infraestructura con cobertura nacional se prevé en el “Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018”, documento que contempla una inversión tanto pública como privada de 700,000 millones de pesos al término del sexenio enfocados al sector de telecomunicaciones, sentando un precedente en la destinación de recursos públicos en este rubro.
Sin embargo, el músculo político no ha podido generar la suficiente certeza jurídica para que estas Inversiones comiencen a llevarse a cabo, ya que a pesar de que la reciente reforma en telecomunicaciones incluye diversas estrategias para el despliegue de infraestructura, el detalle fino sigue quedando pendiente en la legislación secundaria. Esta situación ha derivado en una parálisis estructural al interior de la industria, con una caída estimada de 27.4% en las inversiones en telecomunicaciones, con lo que el capital invertido en el 2013 apenas alcanza 4,939 millones de dólares.
Por el lado de los operadores, es importante notar también que, a la fecha, casi dos terceras partes del capital inyectado al sector provienen de empresas distintas a las dominantes. Así, los principales operadores de telecomunicaciones que generan más de dos terceras partes de los ingresos de la industria aportan menos de una tercera parte de las inversiones totales, mientras que son los competidores los que están luchando por ocupar un lugar en el mercado, pero no podrán hacerlo hasta que se resuelva la incertidumbre jurídica que paraliza al sector.
Así, en años recientes, se ha hecho clara la incapacidad del modelo vigente para el sector de telecomunicaciones en términos de fomento a las inversiones, al haber alcanzado su máximo en el 2001 y sin poder recuperar el mismo nivel desde entonces, con una estrepitosa caída en el año en curso.
Resulta entonces fundamental concretar este aumento en las inversiones para alcanzar un aumento en la cobertura y penetración de los servicios de telecomunicaciones entre la población, especialmente para aquellos pertenecientes a la base de la pirámide social, que actualmente no cuentan con acceso a los servicios. La conectividad universal y la satisfacción efectiva de los derechos digitales contenidos en la Constitución establecen el objetivo máximo de la reforma, de la mano del establecimiento de precios asequibles y mayor calidad de los servicios en beneficio del usuario final, pero estos beneficios no se materializarán hasta que la certeza jurídica detone la inyección de capital que el despliegue de infraestructura urgentemente demanda.
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