2020.12.02
Vía El Economista
Si algo puede caracterizar los primeros dos años de la administración del presidente López Obrador es la incertidumbre. Incertidumbre para las inversiones; incertidumbre sobre el combate a la pandemia; incertidumbre sobre si regresaremos vivos a nuestra casa; incertidumbre sobre si el presidente pretenderá reelegirse; incertidumbre de la burocracia sobre su sueldo, prestaciones y permanencia en el trabajo; incertidumbre sobre el golpe brutal al empleo que conllevaría la prohibición a rajatabla de la subcontratación de trabajadores, etc.
Esta incertidumbre también ha permeado a la industria de las telecomunicaciones. Ante el retraso por parte del Senado de la República para designar al nuevo presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se ha desatado desde hace meses una lucha soterrada por el poder entre los comisionados del instituto, quienes incluso han llegado a modificar dos veces el estatuto orgánico del IFT con el afán de quitar atribuciones a su presidente y transferirlas al pleno de los comisionados. El pleito interno derivó en un encontronazo con el propio Senado de la República, quién ha demandado en dos ocasiones al IFT ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por invasión de facultades. Independientemente del error estratégico que conlleva pelearse con el senado por parte de los comisionados que aspiran al cargo de presidente, esta disputa ha llegado a afectar la operatividad del IFT mismo, a un grado tal que llevamos más de un año y medio de retraso en la verificación de la efectividad de las medidas de regulación asimétrica impuestas al agente económico preponderante en telecomunicaciones (Telmex, Telnor y Telcel) en 2017. El asunto es tan grave, que la displicencia del regulador ha tenido como consecuencia una grave reconcentración del sector telecomunicaciones a los niveles que éste tenía en el 2013, año de la creación del IFT y de la reforma estructural en telecomunicaciones, cuyo objetivo medular era, precisamente, desconcentrar el mercado y fomentar la competencia. En pocas palabras, hemos perdido siete años y el IFT ha hecho que todo cambie para que todo siga igual. Del mismo modo, los avances tecnológicos y los nuevos medios de comunicación le han pasado de noche al IFT. En Europa, Canadá y los Estados Unidos, se está trabajando para regular a los gigantes de las redes sociales y los servicios digitales, incluso el Reino Unido creó un nuevo regulador que los integrará junto con los medios tradicionales. En México, sólo la Cofece ha hecho esfuerzos por analizar estos nuevos mercados. Fuera de un pequeño diferendo con Cofece, el IFT ha preferido mirar a otro lado. En lo personal, llevo más de dos décadas insistiendo en que no se debe regular a los medios en función de su soporte material o tecnología de transmisión. La tecnología debe ser neutra y la labor de los medios debe regularse en función de su contenido, exclusivamente. De otra manera se estaría discriminando a cierta tecnología frente a otra de manera artificial y arbitraria.
Lo cierto es que al igual que con el gobierno, el día de hoy el trabajo del IFT y lo que la industria puede esperar de él se encuentra en el campo de la incertidumbre. Espero que con la próxima designación del presidente del instituto y de los dos nuevos comisionados, se pueda recuperar el rumbo.
