De conformidad con al artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debió haber elaborado un programa de trabajo que garantizara el uso óptimo de la banda 2.5 GHz, bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo. Nunca lo hizo. Por el contrario, sin programa alguno para el cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución, el IFT autorizó al agente económico preponderante, Telcel, concentrar 60 MHz de la banda 2.5 GHz mediante una adquisición indirecta al grupo MVS, propiedad de la familia Vargas.
No obstante que el mandato principal del IFT es la regulación del sector telecomunicaciones para fomentar la competencia, el instituto permitió al agente que controla más del 65% del sector concentrar, primero y antes que nadie, frecuencias del espectro radioeléctrico que son esenciales para el crecimiento de la banda ancha móvil, por su gran capacidad para transmitir datos y la posibilidad que tienen de penetrar estructuras. Telcel ya inició el despliegue de la infraestructura necesaria para aprovechar al máximo estas frecuencias. Ninguno de sus competidores lo puede hacer aún porque el IFT retrasó un año, por lo menos, la licitación del espectro disponible en esta banda. Competir en estos términos se ve cuesta arriba.
Aunado a esto, el proyecto de bases de licitación sometido a consulta pública por el IFT permitiría a Telcel acumular aún más espectro mediante un amañado cálculo respecto de la tenencia espectral en México. Para aparentar que Telcel tiene menos espectro que el que en realidad detenta, el IFT contabiliza tanto el espectro en uso, el espectro concesionado pero aún no en uso, como el espectro que no ha sido asignado a nadie y que nadie sabe si alguna vez se asignará o no. La actitud del IFT me recuerda la de aquel secretario de Comunicaciones y Transportes en la época de Fox que, además de hablar con los patos, concluyó que Telmex no era dominante porque la penetración telefónica sólo era del 16% de los hogares del país, y aunque Telmex tenía más del 90% de este 16%, se debían contar todas las casas sin teléfono para darnos cuenta que Telmex no dominaba nada. Así de absurdos son los cálculos del IFT.
Por demás interesantes resultan los comentarios de los competidores de Telcel y posibles nuevos inversionistas sobre el proyecto de bases de licitación elaborado por el IFT. Prácticamente todos coinciden en solicitar que se impida a Telcel concentrar más espectro en esta banda para fomentar la competencia y disminuir la concentración espectral por parte del preponderante.
La postura de Telefónica Movistar es quizá la más fuerte de todas, ya que de plano dice que es imposible avanzar en la licitación hasta no tener certidumbre
respecto de las tarifas de interconexión que pagarían los competidores de Telmex/Telcel a éstas, después de que la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de cobro por la terminación de llamadas en sus redes, que había sido establecida en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Otro gravísimo problema en el que coinciden todos los operadores es el desorden fiscal que priva en el sector. Al día de hoy, se pagan derechos de chile, de dulce y de manteca sin ninguna lógica ni consistencia, dependiendo de quién es el operador, la fecha en que se le otorgó la concesión y del humor con el que se levantó el secretario en turno. Con esta falta de claridad para hacer un plan de negocios serio, cualquier oferta será poco más que un volado.
Altán, el operador de la red compartida mayorista pide, quizá con razón, que en las concesiones mediante las cuales se asigne el uso de la banda 2.5 GHz se impongan los principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo a los que se refiere el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Constitución, por lo menos al preponderante, que tiene las mismas obligaciones de servicio mayorista que la propia Altán.
Veremos qué contesta el IFT a estos importantes planteamientos.
