Gerardo Flores Ramírez/ El Economista
El día de ayer, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó la iniciativa de reforma más significativa en la vida de México, al menos en los últimos 20 años. Me refiero, desde luego, a la reforma constitucional en materia energética.
La reforma que plantea el presidente Peña busca crear las condiciones para transformar un sector energético cuyos fundamentos fueron creados para un país completamente diferente al que hoy tenemos. El México de aquellos años aún tenía una elevada proporción de población habitando en zonas rurales y se caracterizaba por ser una economía cerrada. Siete décadas después, México es sustancialmente diferente, la población hoy habita primordialmente en zonas urbanas, la economía se encuentra completamente abierta al exterior, funciona prácticamente sin la intervención del Estado, con la obvia excepción del sector energético, pero enfrenta un entorno externo cada vez más competitivo, que demanda recursos energéticos crecientes, como en el caso de China, una megaeconomía que ha crecido y seguirá creciendo a un ritmo que no tiene nada que ver con un mucho menor desempeño que tenía hace siete décadas.
La reforma energética propuesta ayer por el presiden te Peña Nieto se enfoca en transformar el sector de hidrocarburos y el sector eléctrico. Se trata de incorporar en nuestra Constitución la certeza jurídica necesaria para que el Estado mexicano pueda optimizar la asignación de recursos para incrementar la producción de petróleo y gas, al mismo tiempo que amplía sus reservas, así como para que productores privados puedan contribuir a mejorar la matriz de generación de electricidad en nuestro país con el objetivo de abaratarla en beneficio de los hogares y del sector productivo. La propuesta se basa en una premisa esencial: debemos compartir con terceros el riesgo de explorar y desarrollar yacimientos, pues no hacerlo nos condena a utilizar recursos crecientes, escasos -por cierto-, con la probabilidad de no lograr los resultados deseados.
En materia de hidrocarburos, la propuesta del Ejecutivo federal plantea la utilización de contratos de utilidad compartida, que el gobierno federal celebrará con Pemex o particulares para actividades relacionadas con la exploración y producción, mientras que para el caso de la refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento, se plantea el otorgamiento de permisos a Pemex y/o particulares. Esto significa que, según sea el caso, el gobierno federal otorgará contratos o permisos a Pemex, a una sociedad entre Pemex y un particular o directamente a un particular.
Para poder desenvolverse en un escenario así, naturalmente resulta necesario liberar a Pemex de las ataduras que le ha significado el régimen fiscal al que ha estado sometido hasta ahora. Eso plantea de manera sobresaliente la propuesta anunciada ayer.
En electricidad, además de proponer la participación de particulares en la generación de electricidad, la propuesta considera necesariamente el garantizar el acceso de todos los generadores de electricidad a la red de transmisión, a través de un árbitro independiente. Ello permitirá minimizar de manera mucho más eficaz el costo de la energía adquirida, lo que, a su vez, también contribuirá a reducir el precio de la electricidad que hoy se paga en México, pues se estima que los mexicanos hoy pagamos 25 % más de lo que paga un usuario en Estados Unidos.
En una siguiente colaboración abordaré todo lo relacionado con la propuesta verde contemplada por la reforma energética del presidente Peña Nieto. Discutamos con pasión el tema, pero con responsabilidad; no podemos negar a México la posibilidad de un mejor porvenir.
*El autor es Senador de la República.
Twitter: @gerardofloresr
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