Gerardo Flores Ramírez * /El Economista
El próximo 12 de agosto se cumple el primer plazo de 60 días de vigencia de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica. Ese día vence el plazo respecto de un tema muy específico, poco mencionado, que el poder constituyente estableció para el Poder Judicial: La creación de juzgados y tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
Para entender la importancia del establecimiento de estos órganos especializados resulta fundamental saber que por virtud de la reforma ya citada, las decisiones de los nuevos órganos autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofecoe), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), no podrán ser objeto del recurso de revisión o reconsideración, recurso que hasta hace poco existía con respecto a las decisiones adoptadas por la Cofeco y Cofetel.
La única forma que prevé la Constitución para recurrir las resoluciones de los nuevos órganos es el amparo indirecto. Lo que da pie a otra restricción de enorme peso incorporada en la reforma: en dicho amparo no existirá la posibilidad de solicitar la suspensión del acto reclamado.
Mucho se argumentó que estos radicales cambios obedecían al exceso o abuso de litigios que se interpusieron -casi desde que entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones en 1995- en contra de la mayoría de las decisiones adoptadas por Cofeco o Cofetel.
Sin embargo, parecería que nos fuimos de un extremo al otro. Para muchos expertos en derecho, la ausencia de ambos instrumentos podría generar escenarios de incertidumbre frente a las decisiones que la Cofecoe o Ifetel lleguen a emitir, en la medida en que la resolución de los amparos que se lleguen a interponer contra éstas, se alargue más allá de un plazo razonable.
Por ello, es de extrema importancia que el Consejo de la Judicatura Federal establezca en forma oportuna los juzgados y tribunales. Al estar especializados, necesariamente resolverán los asuntos en plazos mucho más cortos, lo que ayudará a compensar la ausencia de la suspensión.Sin embargo, pareciera que el Consejo ha hecho muy poco en este tema, toda vez que solo ha expedido una convocatoria para un diplomado en competencia económica y telecomunicaciones que se impartirá del 5 de agosto al 6 de septiembre y al que podrán asistir magistrados, jueces y secretarios en materia administrativa. Pareciera una buena medida, empezar por capacitar a quienes conocerán de estos asuntos, sin embargo, justo es ahí donde empiezan algunos detalles que preocupan, el hecho de que el diplomado sea voluntario, implica: a) que existe la posibilidad de que ningún juzgador se inscriba, máxime que en esa misma fecha inicia un diplomado sobre el nuevo juicio de amparo; y b)que no se ha adoptado una decisión sobre el número de órganos que se establecerán y quiénes los integrarán, lo que puede ocasionar problemas serios en el corto plazo, pues se estima que tanto la Cofecoe como el Ifetel queden debidamente integrados hacia mediados de septiembre, momento a partir del cual empezarán a emitir sus resoluciones.
¿Cuál es el problema de que los juzgados y tribunales especializados no estén creados en esa fecha? Muy simple: que entonces es altamente probable que no se de la imperativa resolución oportuna de los juicios de amparo que se lleguen a promover a partir de ese momento, ocasionando un efecto indeseado de la reforma constitucional: un escenario de mayor incertidumbre, que puede a su vez impactar en forma adversa las intenciones de inversión en estos pujantes sectores.
*El autor es Senador de la República.
Twitter: @GerardoFloresR