Gerardo Flores
El Economista
Ayer, ante los representantes del Poder Legislativo, de los partidos políticos, de la industria, la academia y de la sociedad civil, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto por medio del que se promulga la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, después de que el proceso de aprobación de ésta por el poder Constituyente Permanente concluyó hace aproximadamente tres semanas.
La mayoría de quienes están involucrados con los sectores de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica, así como los analistas que dan seguimiento a éstos, han pasado de la fase de celebración por la aprobación de la reforma mencionada a un estado de expectación sobre el proceso de construcción de la legislación secundaria.
Me llama la atención que tal como ocurrió de manera previa a la discusión de la iniciativa remitida por el presidente Peña a la Cámara de Diputados, así como cuando discutimos en el Senado la minuta enviada sobre dicha iniciativa por la Cámara Baja, hoy ya escuchamos nuevamente a los agoreros del inmovilismo, a los apostadores del fracaso, que ya cruzan apuestas sobre quiénes o cómo se hará encallar el proceso de construcción y discusión de la legislación secundaria. A esos, les recuerdo que ya se equivocaron de manera estrepitosa cuando anticipaban escenarios contrarios a los objetivos planteados con la reforma. Hoy tenemos una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación que a partir de mañana será plenamente vigente.
Sin embargo, también es obligado decir que la construcción y discusión sobre la legislación secundaria, tanto la nueva que se prevé en los transitorios del decreto, como los cambios necesarios a diversas leyes y códigos vigentes, seguramente propiciarán importantes debates, tanto en el seno de las cámaras del Congreso, como en los foros de especialistas sobre los temas de esta reforma.
En primer lugar está el marco de tiempo que nos dimos en la reforma para este propósito, que es de 180 días naturales. Para algunos puede parecer excesivo, sin embargo, para otros pudiera parecer poco tiempo, tomando en cuenta el tamaño del desafío. En mi opinión, sí es un plazo relativamente apretado, pues hoy en día no existe un marco regulador convergente pleno para telecomunicaciones y radiodifusión a nivel internacional que pudiera considerarse como mejor práctica internacional. Ello es importante tenerlo en cuenta, porque es lo que en México debemos construir. El que puede llegar a considerarse más convergente, y eficaz, es el de la Unión Europea; no obstante, en realidad, dicho marco no se mete a fondo en la regulación de la radiodifusión, que sigue siendo materia de marcos legales separados.
En paralelo, están una serie de medidas que deberán implementarse a partir de la entrada en vigor de la reforma, independientemente de la expedición de la legislación secundaria. Están, por ejemplo, la conformación del pleno del Ifetel, que dará paso a la declaratoria de los agentes económicos preponderantes y el inicio de la regulación must carry/must offer. También están el despliegue de la red mayorista en la banda de 700 MHz y la creación de un nuevo medio público con cobertura nacional, entre otras. Estas medidas, por sí solas, son de gran envergadura. El reto para lograr que éstas ocurran con eficacia no es menor, así que no se pueden descuidar en ningún momento.