Gerardo Flores Ramírez/ El Economista
En mi colaboración de la semana pasada, tuve la oportunidad de comentarles la importancia que representan las reformas que acaban de ser aprobadas por el Congreso de la Unión en materia educativa. Específicamente me refiero a las reformas a la Ley General de Educación, así como a la expedición de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en virtud del desempeño educativo deficiente que nuestro país ha tenido desde hace ya varios años. Asimismo, referí que, a efecto de garantizar plenamente la calidad educativa, resultaba imprescindible el establecimiento del servicio profesional docente.
Pues bien, el pasado domingo 1 de septiembre, el mismo día del inicio del periodo ordinario, se celebró la primera sesión plenaria de la Cámara de Diputados, en la que tuvo lugar la discusión del dictamen relativo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, mismo que fue aprobado por una inmensa mayoría y que ya fue remitido -bajo la figura de minuta – al Senado de la República para su discusión y votación.
La Ley General del Servicio Profesional Docente se convertirá en un instrumento coadyuvante del Estado en su obligación de garantizar la calidad de la educación que imparte y asegurará la idoneidad del personal docente para obtener el máximo logro en el aprendizaje de las niñas y niños de es te país.
Este ordenamiento constituye, sin miedo a exagerar, una profunda e histórica reforma del régimen educativo actual. Implica una importante modificación de las bases y procedimientos conforme a los cuales tiene lugar el desarrollo profesional del personal docente en la educación básica y media superior que imparte el Estado, así como en los criterios, términos y condiciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de este personal.
Muchas voces han indicado de manera equivocada que en la construcción de esta iniciativa de ley no fueron escuchados algunos de los distintos sectores relacionados con el ámbito de la educación. Prueba de lo contrario son los distintos foros organizados por el Congreso de la Unión, así como la apertura de ambas cámaras para recibir propuestas en dicha materia a efectos de ser analizadas por las respectivas comisiones de educación, incluso el establecimiento de diversas reuniones y mesas de trabajo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la que tuve la fortuna de participar junto con otros senadores y diputados, con el fin de discutir la agenda propuesta por esa representación sindical con base en los ejes filosóficos, epistemológicos y pedagógicos de la educación.
No obsta destacar que como resultado de escuchar las distintas opiniones, en la minuta con proyecto de decreto de la Cámara de Diputados, se incorporaron algunas modificaciones a la iniciativa original, dentro de las que sobresalen: a) el respeto a los derechos laborales adquiridos por los docentes que actualmente se encuentran en servicio; b) la preferencia que se le otorga a los egresados de las normales para concursar por plazas de nuevo ingreso; c) incentivos para que los maestros impartan clases en las escuelas que atiendan a estudiantes con mayores niveles de pobreza o en las zonas más alejadas y d) la gratuidad de las asesorías para capacitación de los docentes, entre otras.
Toca el turno del Senado de la República, como Cámara revisora, para analizar y discutir esta minuta lo antes posible. Las niñas y niños de México no pueden seguir esperando la oportunidad de recibir una educación de mayor calidad.
*El autor es Senador de la República.
Twitter: @gerardofloresr
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