Gerardo Flores
El Economista
La discusión en torno de la decisión del gobierno federal de iniciar el procedimiento de rescate de la banda de 2.5 GHz ha seguido dos cauces diferentes. Por un lado, están los que han visto en el tema desde su muy sesgado punto de vista: una decisión discrecional motivada por cuestiones asociadas con la libertad de expresión. Ésos, desde luego, han caído en el argumento simplista de los actuales titulares de las concesiones que, como ya hemos dicho antes, son encabezados fundamentalmente por MVS, quien hasta ahora tenía concesionado prácticamente todo el país.
Sin embargo, la semana pasada quedó de manifiesto de manera descarnada que la estrategia de MVS en relación con la renovación de sus concesiones en la banda de 2.5 GHz y también con su solicitud para la autorización de un nuevo uso de ésta, el de banda ancha móvil, estaba vinculada a utilizar como moneda de cambio la permanencia de la conductora estrella de su programa noticioso matutino.
No veo a esos mismos críticos cuestionar la salida de Maricarmen Cortés de las páginas editoriales de El Universal que, según ha trascendido, obedeció a la postura que asumió en sus colaboraciones para ese diario en torno del rescate de la banda de 2.5 GHz. La congruencia les exigiría que cuestionen la salida de esta prestigiosa columnista con la misma vehemencia con la que basan sus cuestionamientos al gobierno federal basados en la idea de que todo tiene que ver con un intento del gobierno federal por coartar la libertad expresión, idea que, desde luego, no comparto.
Están por otra parte los que se han dedicado a cuestionar la decisión de política del gobierno federal sin siquiera informarse suficientemente sobre lo que ocurre con esta banda a nivel internacional. Para ésos, recomiendo que lean la espléndida colaboración de Pedro Suárez ayer, aquí mismo, en El Economista, que en su columna Apuntes Corporativos dedicó tiempo y espacio para proporcionarnos información sobre lo que han venido haciendo con esta banda diversos países.
Sobra decir que, entre esos críticos de la decisión de política regulatoria adoptada por el gobierno federal, es muy común encontrar argumentos simplistas para descalificar el monto que la autoridad le requirió a MVS como contraprestación, sólo porque no se adapta a los cálculos que ésta, convenientemente, realizó y que sirvieron de base para su estrategia de desgaste en la negociación con el gobierno federal. En muchos casos, se trata de argumentos simplistas porque con su postura, los “críticos” desconocen y descalifican implícitamente las decisiones adoptadas por una buena cantidad de países y que se consignan en la columna mencionada en el párrafo anterior.
Llegué a leer una propuesta que dice que la contraprestación debería ser estimada por un experto externo al gobierno federal. Propuesta absurda porque, para empezar, sólo en el Ejecutivo federal recae la facultad de determinar las contraprestaciones a ser enteradas a éste por concepto de las concesiones para usar, aprovechar o explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Absurda, porque supone que el gobierno federal no cuenta con los expertos para determinar el valor de lo que es propiedad de los mexicanos, cuando ha quedado demostrado que sí los tiene.
Casualmente, hay una propuesta similar en el caso de otro tema relacionado con el sector telecomunicaciones que, en este caso, recae en la esfera de temas de influencia de Telmex. Me refiero al Convenio Marco de Interconexión (CMI), cuyo proyecto ha estado en consulta pública en la Comisión de Mejora Regulatoria. Digo casualmente porque, en ese tema, hubo quien, tratando de secundar la postura opositora de Telmex a dicho instrumento, propuso que un experto se pronunciara sobre dicho proyecto.
Ahora, en los temas del sector telecomunicaciones de nuestro país, no hay casualidades. En el caso de la banda de 2.5 GHz, tampoco. Por ello, no extrañe que quienes escribieron con vehemencia para cuestionar el CMI, ahora escriben con vehemencia para cuestionar el rescate de la banda de 2.5 GHz, como si esta última decisión afectara al mismo grupo de interés económico ¿O será que, en realidad, sí se trata de ello y ahora no tienen el menor pudor para mostrar que la relación Telmex-MVS-Dish va más allá de un simple servicio de facturación y cobranza?
