Gerardo Flores
El Economista
A finales del 2012, los temas de telecomunicaciones y radiodifusión retomaron un impulso notable en la opinión pública de nuestro país, particularmente a raíz de la firma del Pacto por México. Es bueno que así haya ocurrido. Pero no debemos perder el foco sobre lo que realmente ha afectado o inhibido el buen desarrollo del sector.
Basta recordar el contundente diagnóstico que elaboró la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) hace ya cerca de un año, en el que destacó de manera categórica que el principal problema del sector de telecomunicaciones de nuestro país es la falta de una regulación efectiva para controlar a los operadores dominantes en servicios fijos y móviles.
Naturalmente, la OCDE no puso nombres, pero todos sabemos que se refería a Telmex y Telcel. De hecho, el señalamiento caló tan hondo en las oficinas de quien controla dichas empresas, que a los pocos días salió a los medios a tratar de desacreditar las estimaciones hechas por dicha organización, particularmente la que se refería a la pérdida en bienestar que sufren los mexicanos por la ausencia de competencia efectiva, misma que calculó en nada más y nada menos que 25,835 millones de dólares por año o de 129,200 millones de dólares durante el periodo 2005-2009.
De hecho, de tal tamaño fue la incomodidad que la OCDE causó a Telmex y Telcel, que éstos contrataron dos estudios de corte académico para tratar de desacreditar o desvirtuar los señalamientos de dicha organización. El problema de ambos estudios es que no son neutrales, primero por aquella máxima que dice “el que paga manda”; segundo, porque los autores de los mismos son conocidos en el mundo de la consultoría como consultores habituales de Telmex o Telcel.
Pero, más importante que la exactitud de las estimaciones de la OCDE, yo diría que la importancia de ese reporte radica en recalcarnos algo que nuestras autoridades regulatorias se empeñan en no ver: el problema de México es la ausencia de una regulación de dominancia, de una regulación que controle a los operadores con poder sustancial.
Ahora bien, aclaro, la expresión “algo que nuestras autoridades regulatorias se empeñan en no ver” no es una ocurrencia, así como tampoco es un posicionamiento político. Es simplemente una expresión que refleja la realidad. Para apoyar lo anterior, basta leer el pomposo “Informe de Resultados 2006-2012” publicado recientemente por la Cofetel. Ayer, hice una búsqueda, en la versión electrónica de dicho documento que consta de 257 páginas, de dos palabras clave: “dominancia” y “dominante”.
La palabra “dominancia” aparece mencionada una sola vez en el todo el documento (página 130), mientras que la palabra “dominante” aparece mencionada dos veces (páginas 133 y 135). Mejor manera de ilustrar la miopía de quien hoy cree que heredó el reino de la Cofetel no hay. Visto de otra manera, podría decirse que este informe de la Cofetel, que coincidentemente cubre el periodo de gestión del expresidente Calderón, deja muy mal parado a éste en cuanto a la intención de su gobierno por promover la competencia en el sector.
De ese tamaño es el problema de México. Yo me pregunto si Gerardo Ruiz Esparza, el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya fue informado de esta oprobiosa omisión, si ya fue informado de cuántos países, en América y Europa por citar algunas regiones, fueron capaces de regular o de imponer regulaciones específicas a sus operadores dominantes, no sólo en el periodo 2006-2012, sino desde mediados de los 90, periodo en que casi todos los países abrieron su sector de telecomunicaciones a la competencia, y en consecuencia, de por qué México no lo ha hecho.
Pensar que el problema del deficiente desarrollo de las telecomunicaciones de nuestro país se resuelve con regresar al Estado a desplegar infraestructura, sin haber resuelto de manera adecuada el problema del poder sustancial que tienen hoy Telmex y Telcel, es equivalente a poner dinero bueno en un mal proyecto.
Los mexicanos no podemos seguir dándonos el lujo de sufrir una pérdida en bienestar de 25,838 millones de dólares por año como consecuencia de consumir servicios de telecomunicaciones a precios elevados, como indicó la OCDE. No podemos pasar por alto que dicho monto equivale a casi 5.6 veces el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para infraestructura carretera o casi el equivalente al total del costo financiero del servicio de la deuda del gobierno federal, aprobado también por la Cámara de Diputados, para el presente año, simplemente porque la Comisión Federal de Competencia y la Cofetel han sido incapaces de realizar un trabajo eficaz para regular a los agentes con poder sustancial.
