La semana pasada, varios medios citaron declaraciones del dueño de América Móvil mediante las cuales se precisó que su plan de desincorporación de activos no sólo prevé a la costa este de nuestro país, sino también a la oeste. Una aclaración de este tipo siempre debe revisarse con detalle.
Me preocupa que el debate público en torno a este tema sigue siendo con respecto a qué regiones se piensa repartir América Móvil con su misterioso comprador, que a estas alturas todo apunta a que será su eterno socio, AT&T, y no respecto de qué forma debe llevarse a cabo ese plan de desincorporación de activos para que en cada una de las regiones del país se garanticen condiciones de competencia efectiva. Todo lo que han deslizado a través de sus voceros apunta a que no será así.
Después de un intenso trabajo en el que estuvieron involucrados el poder reformador de la Constitución, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los partidos políticos, la sociedad y la industria, sería realmente absurdo que los objetivos de la reforma en materia de telecomunicaciones se queden en una mera aspiración en función de lo que decidan de manera unilateral los accionistas de América Móvil y el misterioso inversionista que ya fue socio del primero.
Que no se equivoquen las autoridades: un plan de desincorporación que prevea que un acuerdo de repartición de regiones, donde América Móvil se quede como el operador poderoso en unas y el comprador misterioso se quede como el operador en otras, de ninguna manera garantizará condiciones de competencia efectiva en el sector telecomunicaciones, un requisito sine qua non en el artículo decimo segundo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para aprobar un plan de desincorporación.
Ahora bien, ¿cuál sería la lógica de insistir en un plan consistente en repartirse regiones enteras? Pues simplemente que así se mantiene un esquema de incentivos mediante el que ambos operadores, América Móvil y el misterioso comprador, cooperarán entre ellos, no competirán. Si el plan consistiera en que se desincorpore infraestructura de acceso y transporte, frecuencias de espectro, así como otros activos, en cada región, el nuevo jugador tendría frente a sí el incentivo para emprender en cualquier momento una estrategia de guerra de tarifas en contra de quien le vendió esos activos y los demás jugadores, con el propósito de incrementar su participación de mercado.
Pero ya sabemos que las intenciones de desincorporación no consideran frecuencias del espectro o infraestructura estratégica. Así que la autoridad reguladora sería extremadamente ingenua si cree que un plan que no prevea la segmentación al interior de cada región, para que coexistan en cada una el que desincorpora y el que adquiere, es un plan que generará competencia efectiva. Por ello resultará fundamental que el IFT no sólo estudie con seriedad el plan que se someta a su consideración, sino que al ser el proceso más importante para el éxito o fracaso de la reforma de telecomunicaciones, haga una consulta amplia sobre el tema, conforme a las mejores prácticas internacionales, tal como lo comenté aquí anteriormente.
De lo contrario, la historia que muy probablemente conoceremos es la que cuente cómo un agente económico burló a la autoridad, para simular retraerse en el sector telecomunicaciones, en perjuicio del bienestar de los usuarios, al mismo tiempo que se hizo de cuantiosos recursos para entrar por la puerta grande al sector energético y convertirse en un agente con potencial para ejercer poder de mercado en este nuevo sector, incrementando de manera sustancial la valuación de mercado de ese grupo de empresas y, por tanto, la riqueza de sus accionistas.
En otras cuestiones, comparecen en el Senado los comisionados del IFT.
*El autor es senador de la República.
