En un acto de enorme significado y trascendencia para el futuro de nuestro país, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el paquete legislativo que contiene el nuevo marco legal que regirá al sector energético. Se trata sin lugar a dudas de un parteaguas en la historia moderna de nuestro país. Se trata de un nuevo andamiaje legal que dará un impulso importante no sólo a la actividad en el sector energético, sino también a la actividad económica en general, entre otras razones, porque quita al Estado la carga de asumir él solo el o los riesgos inherentes a esta actividad productiva, carga que indudablemente afectó durante muchos años las decisiones de inversión realizadas por Pemex o la CFE, en perjuicio del uso eficiente de los recursos públicos y de un mayor bienestar para los mexicanos.
La reforma permitirá que ese riesgo se distribuya entre Pemex y otros agentes económicos que decidan participar en el sector hidrocarburos; o entre la CFE y otros agentes económicos que tomen parte en el sector eléctrico. El Estado utilizará en forma más eficiente los recursos públicos (se establecieron reglas para ello), Pemex y CFE invertirán bajo principios empresariales y no bajo los de una dependencia del gobierno, además de que podrán asociarse con terceros, etcétera. Los inversionistas privados complementarán los esfuerzos de inversión de Pemex y la CFE y contribuirán a llevar a México a explotar su verdadero potencial energético. Todo ello traerá efectos positivos sobre el resto de la economía: a) habrá una mayor demanda por capital humano más capacitado y por tanto mayor inversión en éste; b) acceso a tecnología desarrollada en el exterior; c) más investigación y desarrollo en tecnología mexicana; d) más infraestructura, etcétera. En adición a ello, se establecieron mecanismos acorde a las mejores prácticas internacionales para evitar que los ingresos petroleros generados bajo este nuevo marco legal sean objeto de dispendio en perjuicio de generaciones futuras.
Casi en paralelo, mañana entrará en vigor el nuevo marco legal bajo el que deberán funcionar los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Quizá no sea el marco legal ideal, pero sin duda se trata del mejor marco legal que pudo discutir y votar el Congreso sujeto al elevado perfil político que ha caracterizado a estos dos sectores en los últimos años. Se trata del marco legal que permitirá que haya verdaderas condiciones de competencia efectiva en ambos sectores. Contrario a lo que aún alegan algunos que pretendieron erigirse en la voz que dictara a su modo el contenido de la nueva legislación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) gozará de la autonomía y fortaleza con que fue dotado en la Constitución, ni más ni menos. La eficacia que tendrán sus decisiones, no sujetas a recurso de revisión, así como tampoco sujetas a suspensión en juicio de amparo, le garantiza esa autonomía y fortaleza, como prácticamente no la tiene algún otro regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el mundo.
Los que pregonan con insistencia que el IFT debe promover una controversia constitucional en contra de la nueva ley sólo buscan generar nuevamente un marasmo jurídico, que sólo beneficia al grandote, al mismo que ha crecido a expensas de generar un extraordinario costo en bienestar a los usuarios y anular a los competidores con su conducta anticompetitiva y que sistemáticamente apuesta a anular la eficacia del marco legal.
En caso de que no se hayan dado cuenta, México va con paso firme hacia un mejor porvenir, donde los charlatanes de la regulación y el análisis simplista ya no tienen lugar. Ya basta de querer frenar el desarrollo equitativo de México.
*El autor es Senador de la República.