Gerardo Flores Ramírez/ El Economista
En los últimos días he tenido oportunidad de leer o escuchar una diversidad de opiniones en torno a la propuesta de Ley Federal de Derechos que el presidente Enrique Peña Nieto, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, remitió a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, como parte de su propuesta de reforma hacendaria. De manera particular, ha surgido un grupo de voces que se autodenominan especialistas en temas de telecomunicaciones, específicamente en temas de espectro radioeléctrico, que se han dedicado a cuestionar de manera señalada la propuesta de cuotas por el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de 700 MHz y de 2.5 GHz.
Por un lado, están los que se dicen sorprendidos por esta propuesta, revelando ignorancia absoluta sobre la forma en que ha venido funcionando el esquema de pagos por el uso del espectro en nuestro país y sobre lo que motivó que todos los concesionarios que usen espectro para explotar servicios de telecomunicaciones paguen desde hace un buen número de años derechos por tal concepto.
Por otro, están los que a partir de teorías de complot e intrigas palaciegas, alegan que con esta propuesta la Secretaría de Hacienda pretende eludir el hecho de que, por virtud de la reforma constitucional, ya no tiene facultad para determinar las contraprestaciones que los concesionarios de bandas de frecuencias deberán pagar por el otorgamiento de la concesión de que se trate, salvo la facultad de opinar sobre dichas contraprestaciones, actuación que ahora corresponde al Ifetel. En su análisis simplista, al establecer derechos por el uso del espectro, la Secretaría de Hacienda le da la vuelta a la reforma. Falso.
Es falso, en primer lugar, porque si bien es cierto que es una propuesta de la Secretaría de Hacienda, quien aprueba la Ley Federal de Derechos es el Congreso de la Unión, por lo que es quien establece la obligación del pago de las contraprestaciones y su respectivo monto. Adicionalmente, porque es cierto que la Constitución le da la facultad exclusiva al Ifetel para determinar la contraprestación por el otorgamiento de una concesión, pero no le da facultad alguna por lo que hace al tema de los derechos.
Finalmente, hay otros que alegan que los montos de derechos que propone Hacienda para las bandas de 700 MHz y de 2.5 GHz son muy elevados y serán trasladados por los operadores a las tarifas que pagan los usuarios por servicios de banda ancha. Este es otro gran mito, que se cae por su propio peso, cuando revisamos que en los años anteriores, a pesar de que de manera consistente los operadores han cuestionado el monto de éstos, las tarifas que pagan los usuarios en México, lejos de incrementarse, han venido disminuyendo de manera sistemática.
En este sentido, no puede pasarse por alto que hay quienes pretenden que el estado cobre muy poco o de plano no cobre nada por el uso del espectro radioeléctrico, con el argumento falaz de que ello potenciará el despliegue de infraestructura. Caer en esta tentación lo único que generará es una transferencia de riqueza de los contribuyentes a los accionistas de concesionarios de bandas del espectro.
Lo que México requiere para avanzar de verdad, en este y todos los temas, es gente que opine o debata con responsabilidad. Ahí está el ejemplo de quienes con argumentos simplistas se empeñan en descalificar el debate de la reforma energética, sin siquiera estar dispuestos a exponer sus argumentos en el Senado.
El autor es Senador de la República.
Twitter: @gfloresr
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