24 de julio de 2012
Gerardo Flores
El Economista
La discusión sobre el “Convenio Marco de Interconexión” (CMI) que tiene lugar actualmente en nuestro país ha adquirido un giro que, hasta hace dos meses, muchos de nosotros no considerábamos dentro del horizonte.
Están, desde luego, los cuestionamientos que Telmex, algunos consultores e incluso proveedores de equipo de telecomunicaciones han hecho en torno del proyecto que se encuentra en consulta en el ámbito de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), tal como lo mencioné justamente aquí la semana pasada.
Por otro, están el requerimiento de información sobre la estimación del costo-beneficio asociado con el CMI que realizó la propia Cofemer a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la respuesta de ésta al mismo, así como la opinión remitida por la Comisión Federal de Competencia (CFC).
Lo que no deja de sorprenderme es que en México sigamos ciclados en la agenda de discusión impuesta por el incumbente en materia de interconexión, a 16 años de que iniciara la competencia en el sector telecomunicaciones de nuestro país y a 15 años de que México firmara sendos compromisos en materia de telecomunicaciones, entre otros, los incorporados en el Documento de Referencia que México incluyó en su lista de compromisos presentada el 11 de abril de 1997 ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), que incluyen obligaciones muy específicas en materia de interconexión, tal como lo mencioné en mi colaboración del pasado 10 de abril del presente.
No hemos avanzado un solo centímetro por lo que hace a lograr un entramado regulatorio en materia de interconexión que sea consistente con la aspiración de la Ley Federal de Telecomunicaciones de “promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones (y de) fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones con el fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad(…)”, así como tampoco que sea consistente con las mejores prácticas internacionales en materia de interconexión.
Retomando el tema de los compromisos incorporados en el Documento de Referencia de México, es necesario destacar que ninguna de nuestras autoridades -ni Cofetel ni CFC- han acreditado haber intentado adoptar alguna decisión con fundamento en lo ahí establecido. Por ejemplo, dicho documento contiene una definición específica de “proveedor principal”, definición que le aplicaría a Telmex y Telnor sin mayor dificultad de interpretación, pero que tanto la CFC como la Cofetel han sido omisas en utilizar para fines de decisiones regulatorias; lo mismo ha ocurrido con las obligaciones en materia de interconexión ahí incorporadas. Para fines prácticos, este instrumento legal no figura o no existe dentro del menú de normas legales con las que tanto la CFC como la Cofetel fundamentan sus decisiones. Lo que, en esencia, es grave.
Ahora bien, como decía anteriormente, resulta grave que aún cuando existen tales disposiciones, que no se cumplen de forma alguna, Telmex haya sido exitosa durante 15 años para impedir mejoras en el marco que rige la interconexión. Bueno, no sólo ello, también y de manera muy marcada, ha sido sumamente exitosa en frenar cualquier intento de la CFC para declararla como agente con poder sustancial en distintos mercados.
Por ello, llama la atención que en la opinión remitida por la CFC a la Cofemer se enfoque exclusivamente a valorar positivamente diversos aspectos contenidos en el CMI y que prefiera omitir hacer mención o sugerir que se consideren temas ausentes en este instrumento, como la desagregación del bucle local, tema al que también me referí anteriormente en este espacio. Lo anterior, casi al mismo tiempo que difunde la determinación que recién adoptó en el caso de Telefónica, a quien el regulador de la competencia en nuestro país declaró como agente con poder sustancial en el mercado de terminación de tráfico público conmutado.
Pareciera como si el órgano encargado de promover la competencia en nuestro país anduviese extraviado, opina y emite recomendaciones en múltiples temas, incluso del propio sector telecomunicaciones, pero cuando se trata de hacer eficaces sus determinaciones para regular el poder dominante de Telmex y Telcel, simplemente, no tiene manera de rendir buenas cuentas. Mientras ello no ocurra, México no podrá contar con un sector telecomunicaciones que sea útil para promover el desarrollo de nuestra economía y la mejoría sistemática de nuestra competitividad y, por tanto, de un mayor bienestar para los mexicanos.
