Gerardo Flores
El Economista
El 3 de septiembre del 2010, un día después de publicado el decreto presidencial por el que se anunció el adelanto del apagón analógico, di una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados sobre los riesgos que -desde mi punto de vista- significaba lanzar un decreto de esa naturaleza, sin tener una dimensión clara del punto en que en ese momento estábamos parados como país y, en consecuencia, de lo que tal decisión significaría en términos de esfuerzo presupuestal, tanto para la administración saliente como para la entrante, en este caso, la del presidente electo, Enrique Peña Nieto.
Para los que no estén familiarizados, el apagón analógico no es otra cosa que la fecha en la que las estaciones de televisión en nuestro país, privadas y públicas, dejarán de transmitir sus señales analógicas para, a partir de ese momento, sólo transmitir señales digitales (TDT).
Para empezar, el éxito de esta medida depende de que la gran mayoría de los hogares se hayan podido poner al día, en la fecha en que ocurra el apagón, ya sea adquiriendo televisores capaces de recibir señal TDT (colocando su respectiva antena exterior) o bien, adquiriendo u obteniendo convertidores de señal que permitan que los televisores analógicos puedan reproducir las señales de TV.
Pues bien, de acuerdo con los últimos datos publicados a mitad de este año por el INEGI, al día de hoy, existen en nuestro país cerca de 25 millones de hogares que no cuentan con un televisor capaz de recibir señales digitales. Pero, según el criterio arbitrario del gobierno federal, de ésos, solamente se entregarán convertidores o decodificadores a cerca de 19.4 millones de hogares. ¿En qué consiste ese criterio? Pues, simplemente, en que los hogares que están conectados a un sistema de televisión por cable o restringida ya no serán elegibles para el apoyo, no importa si tienen o no un aparato capaz de recibir señales digitales.
De acuerdo con el costo unitario implícito que tienen presupuestado para la irregular licitación que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) llevará a cabo en las próximas semanas, para adquirir 205,000 decodificadores con su correspondiente instalación en mismo número de hogares en Tijuana, cada decodificador comprado e instalado tendrá un costo aproximado de 1,756 pesos; multiplicado por la friolera de 19.4 millones de hogares que sí son elegibles para recibir un decodificador, significa que se tendrán que erogar cerca de 34,000 millones de pesos en el transcurso de apagones regionales que se han programado. Por cierto, en este tema, el Senado no tiene competencia, para que no haya malos entendidos. Por ello es importante que le presenten números debidamente sustentados al equipo de transición para el Presupuesto 2013.
Esto lo traigo colación porque, justo el 2 de septiembre del 2010, cuando yo había advertido vía Twitter las implicaciones del anuncio del presidente Calderón sobre el tema, el Comisionado Presidente de la Cofetel, en uno de sus arrebatos tuiteros me indicó que estimaban el costo de apoyar a los hogares para equiparse en 1,600 millones de dólares. Cerca de 20,000 millones de pesos. Obviamente, aquellos cálculos muy preliminares estaban muy lejos de lo que hoy ya se vislumbra con mejor idea; es decir, no habían hecho un diagnóstico serio.
Ahora bien, arriba me refiero a la licitación que -todo indica- hoy será anunciada por Mony de Swaan. Y sí, leyeron bien: la califico como irregular. ¿Por qué? Porque, para empezar, la Cofetel no tiene atribución alguna que le permita comprar equipos para usuarios ni, además de repartirlos, contratar su respectiva instalación. Adicionalmente, está el hecho de que, por más que le den vueltas a las reglas de operación del Fondo de Cobertura Social -al menos, a las publicadas en el Diario Oficial de la Federación-, no encuentro el fundamento para usar recursos de éste para dicho propósito. No dudo de la buena voluntad de los funcionarios para resolver un problema que tienen enfrente, pero eso no justifica que en su desesperación pasen por encima de la normatividad, pues en esta aventura, hasta funcionarios de Banobras saldrán perjudicados.
Licitación de canales de televisión
Muy sorprendido con la nota que publicó ayer un diario de circulación nacional en su portal de Internet, citando declaraciones del Comisionado Presidente de la Cofetel con respecto a que retiró su propuesta para que la contraprestación a pagar por los ganadores en la licitación fuera en especie, propuesta que difundió hace algunas semanas. No hubo tal cosa. Lo que debe reconocer con todas sus letras es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había rechazado antes de que fuese difundida al público su propuesta, justamente, porque ésta no se encontraba apegada a la normatividad. A las cosas, por su nombre.
