Gerardo Flores/ El Economista
Con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, también iniciaron una serie de retos que tanto el Poder Legislativo como los poderes Ejecutivo y Judicial deberán hacer frente en los próximos meses y años. Ya me he referido en este espacio al desafío de expedir una legislación secundaria convergente y efectuar las modificaciones necesarias a diversas leyes vigentes. También hice alusión ya, la semana pasada, a los desafíos que enfrentará el nuevo órgano regulador con autonomía constitucional que próximamente entrará en funciones.
Ahora, me referiré al reto que tiene el Ejecutivo federal frente a sí para desplegar la red pública compartida de telecomunicaciones, que contempla el aprovechamiento de al menos 90 MHz en la banda de 700 MHz, así como la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Se trata, sin duda, del mayor de los retos que la reforma constitucional impone al Ejecutivo federal, pues no existen precedentes de un proyecto de esta magnitud a nivel internacional. En otra ocasión, mencioné aquí que, al no existir referentes exitosos de un proyecto de este tipo, existían dudas sobre la viabilidad de un proyecto de este tamaño. Sin embargo, es menester reconocer que ya es una cuestión resuelta por el Poder constituyente permanente, por lo que ahora lo que importa es cómo hacer frente a este enorme reto.
En primer lugar está el reto financiero: estimaciones preliminares de la propia SCT ubican los requerimientos financieros para este proyecto, en la parte correspondiente a la red mayorista en la banda de 700 MHz, en 6,500 millones de dólares de inversión física, mientras que se requerirían 2,660 millones de dólares para gastos de operación de esta red. A esto, desde luego, habría que sumar los recursos que habrán de destinarse al despliegue de 35,000 kilómetros adicionales de fibra óptica de la red de CFE.
En este aspecto surge lo que yo denominaría un reto de arranque, se trata de la revisión de los requerimientos financieros reales que habrá de demandar el proyecto. Me refiero a que es necesario que se revise si la estructura de inversión prevista sigue vigente o se ha modificado respecto de las estimaciones originales que en su momento haya realizado el consultor que la SCT o la Cofetel contrataron para dimensionar este proyecto.
Me explico. Aproximadamente, hace seis semanas, una firma de consultoría de los Estados Unidos, estimó que en el periodo 2012- 2017, los operadores de telecomunicaciones destinarán en promedio un 1.52 veces más recursos que lo que destinarán a inversión física. En el caso de la red compartida prevista en la Constitución, el consultor estimó que para gastos de operación se requerirán solo 0.4 veces lo destinado a inversión física. Es decir, si las estimaciones de recursos a ser invertidos en EU hechas por la firma de consultoría estadounidense resultaran más realistas que las del consultor que estructuró el proyecto de red compartida para la SCT y la Cofetel, tendríamos que, posiblemente, siguiendo una simple regla de tres, en lugar de requerirse 2,660 millones de dólares para gasto de operación en la red compartida, se puedan llegar a requerir cerca de 10,000 millones de dólares, lo que sin duda impactaría de manera considerable el verdadero costo de la nueva red.
Resuelta esta cuestión, procederá que el Ejecutivo federal determine la forma bajo la que desplegará la red, la forma en que se financiará y los tiempos para terminarla. A reserva de las cuestiones que sobre el particular se incorporen en la legislación secundaria.
El reto es enorme, pero también lo son las carencias de los mexicanos en materia de acceso a redes de banda ancha.
Twitter: gerardofloresr
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