Gerardo Flores
El Economista
La semana pasada, El Economista publicó en primera plana una nota en la que daba cuenta de algo que justamente mencioné en mi contribución anterior, concretamente, que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no tiene facultades para adquirir e instalar decodificadores en los hogares de nuestro país y, por lo mismo, no las tiene para llevar a cabo una licitación para tal propósito. La nota de este diario se apoyaba en una copia de un escrito de la Coordinadora General de Administración de ese órgano regulador que palabras más, palabras menos, le decía al Comisionado Presidente de la Cofetel -en respuesta a una instrucción de éste para organizar el proceso de licitación correspondiente- que este órgano desconcentrado no cuenta con atribuciones para tal fin.
Pues bien, como era de esperarse, Mony de Swaan no coincidió con las observaciones que su propia funcionaria a cargo de la administración de los recursos de la Cofetel le hiciera a través del escrito referido. En un oficio de respuesta, cuya copia también obtuvo El Economista, el Comisionado Presidente de la Cofetel hace una especie de interpretación “armónica” para justificar por qué sí tiene competencia para comprar los decodificadores e instalarlos en los hogares.
Se trata desde luego de una interpretación sui géneris, que parte de la base del mandato que el legislador dio a la Cofetel en el sentido de que es el órgano “encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México”. Es verdad que la Cofetel tiene ese mandato, pero es falso que tenga ese para atender las distintas problemáticas que enfrentan los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión por el lado de la demanda. Una lectura cuidadosa del Comisionado Presidente de la Cofetel del artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), que define el objeto de este ordenamiento, le permitiría darse cuenta que el mandato que el legislador también dio tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como a la Cofetel, tiene que ver solamente con el lado de la oferta: “…fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones con el fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social”.
Llevado al extremo, el criterio legaloide que hoy utiliza la Cofetel para justificar la realización de una licitación irregular podría servir para explicar que este órgano regulador licite la compra e instalación de computadoras, para promover la cobertura social de la banda ancha, o bien, licitar la compra y repartición de receptores de radio digital para promover la cobertura social de la radio y por qué no, la compra y repartición de smartphones para promover la cobertura social de la banda ancha móvil. Es obvio que no lo puede hacer. Ése no es el papel del órgano regulador. Sin embargo, todo indica que el Comisionado Presidente de la Cofetel tiene una confusión sobre cuál es el papel que el órgano regulador tiene en la ley, que es lo que cuenta.
Y por si fuera poco, en su escrito de respuesta, el Comisionado Presidente de la Cofetel parece advertirle a la Coordinadora de Administración que es tan competente para el objetivo de dotar de decodificadores a los hogares de Tijuana, que el Fondo de Cobertura Social (Foncos) emitió un acuerdo para autorizarle recursos. Como si eso fuera justificación.
Por lo expuesto aquí y en mi artículo de la semana pasada, es evidente que no existe un fundamento legal para utilizar el Fondo de Cobertura Social para licitar la compra y adquisición de decodificadores. Tan es así que no estaba previsto cuando el presidente Calderón publicó el decreto por el que ordenó el adelanto del apagón analógico. De manera extraoficial se sabía que tal responsabilidad recaería en la Secretaría de Economía, que pretendía utilizar un fondo denominado Prodiat, pero eso sí, sin comunicarlo oficialmente a la Cámara de Diputados, previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011.
** ¿Y Rosarito y Tecate?
Por cierto, llama la atención que al apagar las señales analógicas de televisión para la ciudad de Tijuana, necesariamente se apagarán también las que bañan a las ciudades de Rosarito y Tecate, también de Baja California. Por lo mismo, los hogares localizados en estos dos municipios deberían haber sido incluidos en el proyecto de repartición de decodificadores que pomposamente nos presume ahora la Cofetel; sin embargo, no lo están. Basta leer el objeto y alcance de la licitación No. LA-009D00001-N10-2012 para constatarlo. ¿Acaso es uno más de los pequeños errores que se han cometido de cara al proceso del apagón analógico? Es muy desafortunado.
