Como ya es de todos conocido, la semana pasada, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió recorrer el calendario de actividades dentro del proceso de licitación pública de frecuencias de televisión abierta, para formar dos cadenas nacionales de televisión. Se trata del proceso de licitación previsto en la fracción II del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reformó la Constitución en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
El motivo principal que argumentó el IFT para esta determinación fue el hecho de “que al encontrarse pendiente la emisión de la legislación secundaria derivada del decreto de reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no existe certidumbre sobre algunos aspectos que pueden incidir en el plan de negocios de los interesados, lo que podría constituir un desincentivo a la inversión, tanto para posibles participantes como para la obtención de financiamiento”.
Desde mi punto de vista, el IFT adoptó la decisión correcta. El tiempo que han requerido los grupos parlamentarios del PAN, de ambas cámaras, y del PRD, en el Senado, para analizar al interior de dichos grupos el contenido del anteproyecto de dictamen relativo a la legislación secundaria en la materia, que en su momento se presentó en comisiones unidas, ha provocado una suerte de impasse legislativo que además del costo que se le sigue imponiendo día con día a los mexicanos por el hecho de que al retrasarse la expedición de la referida legislación secundaria seguimos sometidos a los efectos negativos que genera la falta de competencia efectiva, particularmente en el sector telecomunicaciones, también ya tuvo sus efectos perniciosos sobre el objetivo previsto en la propia Constitución, para lograr la entrada de dos nuevos jugadores al mercado de televisión de nuestro país. Por ello, resulta imperativo que como Poder Legislativo resolvamos a la brevedad este enorme pendiente que tenemos con la sociedad.
Entonces, no hay duda de que la ausencia de legislación secundaria tiene efectos indeseados respecto de los objetivos que se persiguen con la reforma constitucional. Sin embargo, otro factor que incide en forma adversa sobre esos objetivos es lo que yo denominaría falta de consistencia, e incluso de solidez, en varias de las decisiones que el propio IFT ha adoptado en los últimos meses. Ahí están las obligaciones en materia de preponderancia, entre las que estuvo ausente —sin una argumentación sólida— el prohibirle a América Móvil la práctica de cobrar mucho menos o no cobrar por las llamadas de sus usuarios a otros usuarios de esa misma red, frente a las tarifas más altas que cobra cuando llaman a usuarios de otras compañías, práctica respecto de la que está ampliamente acreditado el efecto nocivo que ocasiona sobre la competencia, en un contexto de elevada concentración como el de México. Ahí están también los inexplicablemente laxos lineamientos que expidió recientemente para autorizar —básicamente a Telmex— la explotación de servicios adicionales.
En este contexto, no tengo duda de que la presidencia del IFT se ha mostrado articulada desde el inicio de esta nueva autoridad, con una idea clara del mandato que tiene ese órgano regulador para adoptar decisiones que verdaderamente logren condiciones para que haya una verdadera competencia efectiva en los sectores que regula. Desafortunadamente no puedo afirmar lo mismo de otros comisionados, cuyas posturas relativamente erráticas han dado pie a la falta de consistencia a la que me referí, que también afecta negativamente la certeza que enfrentan los regulados. Ojalá pronto podamos ver decisiones consistentes y sólidas.
*El autor es Senador de la República.
