Gerardo Flores Ramírez/ El Economista
La semana pasada, llamaron poderosamente la atención sendas declaraciones de dos analistas que siguen de cerca el sector telecomunicaciones, quienes deslizaron la idea de que Telmex, parte del agente económico que conforman Telmex, Telcel y algunas otras empresas, podría estar considerando devolver al Estado una división de reciente creación denominada Telmex Social entre otras razones, dicen; que porque el Estado ha asumido -mediante el proyecto de la red mayorista compartida- el reto de la cobertura social de servicios de telecomunicaciones.
Lo primero que llama la atención es que siquiera deslicen esta propuesta, que a todas luces es inaceptable, entre otros motivos porque las obligaciones de cobertura social que el gobierno de la República incorporó en el título de concesión de este operador paraestatal en 1990 eran de sobra conocidas por el grupo de inversionistas que adquirieron el control de Telmex en aquel entonces, aspecto que influyó sin duda alguna en el monto económico que estuvieron dispuestos a ofrecer en dicho proceso privatizador, por una sola concesión que amparaba toda la red existente en ese momento, además de la expansión de la misma en los años subsecuentes.
No olvidemos que el gobierno le otorgó generosamente cerca de siete años de monopolio de iure en el mercado de larga distancia y cerca de 10 años de monopolio de facto en el mercado de telefonía local, aparejado de otro tipo de disposiciones como la prohibición de realizar prácticas monopólicas, tratos discriminatorios y ventas atadas; la obligación de tener arquitectura abierta y de interconectar sus redes y la provisión de servicio universal bajo la forma de programas de telefonía rural y de casetas públicas.
La exclusividad en el mercado, en combinación con una conducta empeñada en incumplir algunas de sus obligaciones o cumplir de manera simulada otras, le generó flujos extraordinarios de cientos de millones de dólares por año -rayando en el millar- durante un buen número de años. No en balde perdimos un panel de solución de disputas en el seno de la OMC.
En segundo lugar, también llama la atención que no se tenga pudor en reconocer que la motivación que estaría detrás de esta supuesta intención es el que Telmex reduzca su participación en el mercado, con lo que pretende burlar las disposiciones constitucionales en materia de preponderancia en el sector telecomunicaciones.
Por ello, esta perversa intención del operador, que durante 16 años bloqueó con éxito los intentos timoratos de la extinta Cofeco para regularlo como operador dominante, es inaceptable y absurda. No se vale que hoy salga con que nos quiere devolver algo que no le gusta y a lo que no le ha puesto suficientes ganas desde 1990.
En otros menesteres, no menos importantes, el intenso cabildeo de funcionarios de la SCT e Ifetel en contra de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión estuvo a punto de provocar que las contribuciones por el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de 700 MHz y de 2.5 GHz se ubicaran en niveles ya muy cercanos a cero, razón por la que los diputados de plano optaron por eliminar de dicha ley los artículos vinculados con dichas bandas. Lo que preocupa es que este intenso cabildeo tuvo lugar bajo la guía irreflexiva, casi rayando en dogma, de funcionarlos de segundo y tercer nivel, que más que trabajar para los mexicanos, pareciera que lo hacen para algún inversionista.
El autor es Senador de la República.
Twitter: @GerardoFloresR
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