Gerardo Flores/ El Economista
El sábado pasado se dio a conocer el proyecto de dictamen de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de nuestra Constitución en materia energética, documento que puede ser consultado por cualquier persona en la página oficial de Internet del Senado.
De conformidad con lo acordado por todos los grupos parlamentarios (PRI, PAN, PRD, PVEM y PT), el domingo inició la discusión formal de dicho proyecto en el seno de comisiones unidas. A lo largo de esa sesión, escuchamos de manera reiterada diversos señalamientos demagógicos por parte de algunos legisladores que se oponen a la reforma. Afirman que tanto Pemex como CFE serán privatizados; otros insistieron que dichas paraestatales serán desmanteladas o finiquitadas en un plazo breve. Ambas son afirmaciones falsas, sin sustento.
El proyecto de reforma energética prevé que tanto Pemex como la CFE, tendrán el carácter de empresas productivas del Estado, manteniendo el gobierno federal la propiedad y el control de las mismas. Además de confirmar que no serán privatizados, la reforma instruye al Congreso de la Unión emitir la normatividad que los fortalecerá con base en aspectos tales como: un régimen presupuestario especial sujeto al balance financiero; una organización, administración y estructura corporativa acordes a las mejores prácticas a nivel internacional, y un régimen especial en materia de adquisiciones, deuda pública y demás que requieran para la eficaz realización de su objeto, de forma que puedan competir con eficacia.
Sobre el demagógico argumento de que Pemex y la CFE serán desmantelados, no hay que perder de vista algunos datos. Entre el 2003 y el 2012, los rendimientos de Pemex muestran en el agregado una pérdida acumulada de 124,000 millones de pesos. Por su parte, la CFE tuvo en el 2012 un déficit financiero de 107,000 millones de pesos, con ventas netas de 234 millones de pesos. Ambos organismos en los últimos años han visto reducido de manera importante su patrimonio neto, además de contar con pasivos laborales millonarios. Mantener las cosas en el estado en que se encuentran actualmente es lo que sí dará lugar a su eventual desmantelamiento o finiquito.
Pemex actualmente está obligada a desarrollar todas las actividades de la cadena de producción, destacándose que para lograr el éxito en los complejos retos que existen en la actualidad en materia de yacimientos petroleros, se requieren grandes inversiones, administración de riesgos y el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. La reforma energética prevé una ronda cero probada en distintos países con la que se adjudicará a Pemex las áreas en explotación y campos en producción que ésta desee operar, retendrá las áreas exploratorias donde ha ya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración y conservará los derechos sobre todos los campos en producción.
Por lo que hace a la CFE, resulta indispensable reducir sus costos de producción, que hoy se ven reflejados en una tarifa promedio del servicio eléctrico superior en 3 0 % al promedio internacional. No hay ninguna duda de que el único vehículo para lograr un servicio eléctrico menos costoso y más eficiente es un entorno de competencia con un marco regulatorio apegado a las mejores prácticas internacionales en la materia.
En otros menesteres
Resulta altamente preocupante la forma inercial en que el Ifetel aprobó el modelo de costos que la extinta Cofetel construyó bajo un espíritu constitucional distinto. No tengo duda alguna de que, al adoptar esta decisión, el Ifetel no se apegó a la letra del Artículo 28 constitucional. Hago votos para que enmienden esta preocupante desviación.
El autor es Senador de la República.
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