Gerardo Flores Ramírez/ El Economista
En mi colaboración de la semana pasada, al referirme a los retos que tenemos frente a nosotros de cara al proceso de construcción, discusión y votación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, mencioné que en el caso de la legislación secundaria en materia energética, el desafío es aún mayor.
Y es mayor el desafío, simplemente porque a diferencia del sector telecomunicaciones y radiodifusión, que funcionan bajo un régimen de competencia desde hace ya varios años, en el caso del sector energético, se trata por supuesto del primer intento en más de 75 años para introducir condiciones de competencia en éste. Adicionalmente, a diferencia del caso de las telecomunicaciones, el proceso de apertura consiste en que las dos empresas del Estado se adecuarán al nuevo entorno para seguir participando en el sector de hidrocarburos, en el caso de Pemex, y en el sector eléctrico, en el caso de la CFE.
La mayor parte del análisis y discusión en torno de la reforma energética se ha centrado casi de manera exclusiva en el tema petrolero, haciendo a un lado el caso de la apertura en el sector eléctrico, en el que la reforma energética es tan profunda como en el caso petrolero, y que tendrá un elevado impacto tanto sobre la competitividad del país como sobre la matriz de generación energía eléctrica en México, en la que las energías renovables tendrán un papel menos marginal que el que hasta ahora han tenido en los esfuerzos de planeación del sector eléctrico.
En esta nueva etapa, obviamente, el gas natural jugará un papel muy importante en la generación de energía eléctrica; sin embargo, no podemos pasar por alto que hablamos de un combustible fósil, así como tampoco podemos pasar por alto los esfuerzos que a nivel internacional se impulsan para reducir la emisión de Gases Efecto Invernadero, y por tanto, reducir el ritmo de incremento de la temperatura de la Tierra para las próximas décadas.
En este contexto, el papel del Estado, además de regular la actividad de los particulares y la CFE en la generación de energía eléctrica, deberá estar enfocado a crear los incentivos adecuados para impulsar la inversión en plantas de generación de energía eléctrica basadas en el uso de energías renovables, aprovechando la caída sistemática en el costo de las tecnologías empleadas para este tipo de plantas.
Ahora bien, México tiene una excelente oportunidad para aprovechar las experiencias internacionales en materia de promoción o impulso de las energías renovables. Hay casos de éxito, pero también hay casos de éxito relativo donde un mal diseño del esquema de incentivos ha terminado en un exceso de planta instalada, más allá de la recomendable para el tamaño de la economía y de la demanda de energía, que además a la larga terminan por convertirse en fuente de presión para las finanzas públicas. Ahí está el caso de España, del que se puede aprender mucho. Estoy seguro que la Secretaría de Energía y los órganos reguladores estarán a la altura para crear las condiciones adecuadas para que en México seamos testigos de una experiencia que pueda ser considerada como mejor práctica internacional.
Para ello, el Congreso de la Unión habrá de asumir con responsabilidad el reto de construir la mejor legislación secundaria que el país requiere para el sector energético. Las familias y empresas mexicanas así lo esperan, pero también nuestro medio ambiente.
Twitter: @GerardoFloresR
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*El autor es Senador de la República.
