Gerardo Flores
El Economista
La administración entrante debe promover la instalación de más infraestructura de acceso a lo largo y ancho del país, más posibilidades de elección por parte de los consumidores y condiciones para conexión permanente a las redes de banda ancha constantes y eficaces.
En las semanas recientes, se ha venido posicionando en diversos espacios de los medios nacionales una incipiente discusión sobre lo que hará o se espera que haga la administración del presidente Peña en materia de la promoción de la agenda digital. Leo a muchos que utilizan el término “agenda digital” ya como un genérico, como si se tratara de un asunto que sólo depende de la voluntad de ponerlo en marcha o no. Una revisión de lo que han hecho ya varios países sobre el tema servirá para darse cuenta de que el tema merece una discusión profunda y seria sobre diversos aspectos, sobre todo, aquellos factores que han frenado o impedido que el número y proporción de personas que están conectados a redes de banda ancha y las utilizan con constancia y eficacia sea mayor que la estadística que se observa.
El tema es de gran importancia para el futuro de nuestro país. La posibilidad de volver a equivocarse en el diseño del entramado de políticas públicas -que se requieren en este país para impulsar no sólo que haya más infraestructura de acceso a lo largo y ancho del país, sino más posibilidades de elección por parte de los consumidores y, al mismo tiempo, que estén en condiciones de conectarse de manera permanente a esas redes y que utilicen con confianza una multiplicidad de servicios y aplicaciones que les pueden ayudar a disminuir de manera sustancial los costos de transacción de sus actividades cotidianas y a tomar decisiones mucho mejor informadas- representa un riesgo importante. Su materialización significa costos económicos en términos de los ahorros que no llegarían tanto a familias y empresas como a los distintos órdenes de gobierno y en términos de la pérdida de competitividad de la economía y el rezago en la formación de capital humano frente a los avances que sí logren otras naciones.
La construcción de una agenda digital exitosa necesariamente pasa por una revisión del entramado regulatorio, del entramado institucional y del entramado financiero. Si queremos que cada año se sume una cantidad importante de mexicanos al segmento de aquellos que ya están conectados, en primer lugar, se necesita que en la localidad en la que viven haya la suficiente infraestructura para que se puedan conectar. Ello se puede lograr de dos formas: a) mediante infraestructura desplegada por operadores de telecomunicaciones o b) mediante infraestructura desplegada por algún ente público.
En el primer caso, para que ello ocurra, debemos asegurarnos de que exista un balance adecuado de los incentivos que enfrentan los operadores para poder adoptar decisiones de inversión que resulten en que estén dispuestos a expandir no sólo el tamaño de su red, sino también la capacidad de la misma. En este tema debe quedar perfectamente claro que si la autoridad no logra entender que el de telecomunicaciones es un mercado que, por sus características, no puede dejarse a las fuerzas del mercado -por lo menos al día de hoy- y que, por tanto, no se puede ser indolente para subsanar las fallas de mercado como es el caso del poder sustancial de los operadores dominantes -como se ha sido hasta el día de hoy en México con la aparente apatía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y su Presidente frente al poder sustancial de Telmex y Telcel-, entonces, una parte de la ecuación del despliegue de infraestructura quedará anulada y, por tanto, todo dependerá de la capacidad financiera del sector público para subsanar con diversos programas el hueco que no pueden llenar los operadores por la ausencia de un adecuado vector de incentivos.
Obviamente, los programas públicos son necesarios para llevar infraestructura y servicios a zonas geográficas o segmentos de la población que no tienen acceso a ellos. Pero, en la medida en que las autoridades regulatorias hagan bien su trabajo, el alcance requerido y el costo de los programas públicos será menor y, por tanto, el costo de los errores administrativos en el seno del sector público tenderá a ser menor. Ahí está el caso de la costosa decisión de utilizar la banda de 3.3 GHz para promover redes estatales de educación, salud y gobierno, costosa por el hecho de que los fabricantes de equipo nunca creyeron o le han apostado muy poco a manufacturar equipo para esta banda.
Hasta aquí, me he referido a sólo una parte de las variables que le dan viabilidad y éxito a una agenda digital, pero no por ello poco importante porque, justamente, se trata de los fundamentos sobre los que se construye el resto de la estrategia. Estoy convencido de que los funcionarios encargados de esta tarea en la administración del presidente Peña Nieto así lo entenderán.
