Gerardo Flores Ramírez/ El Economista
La ejecución de las primeras actividades previstas en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, como es el caso del proceso de selección de los candidatos a ocupar el honroso cargo de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofecoe), así como el establecimiento de tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, permiten ilustrar lo complicado que resultará la implementación de esta importantísima reforma.
Por un lado, resultó muy preocupante que el comité de evaluación para la selección de los candidatos a comisionados, conformado por los titulares del INEGI, Banco de México y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, haya incorporado en la convocatoria para este proceso requisitos que no fueron previstos por el legislador, como fue el caso de entregar un reporte del buró de crédito. Después vino la eliminación, aparentemente injustificada de Carlos Casasús, un mexicano que ha acreditado en forma destacada su amplio conocimiento del sector telecomunicaciones y su regulación, que se ha caracterizado por impulsar ferozmente la competencia en el sector y que, por encima de todo, siempre ha sido reconocido por ir un paso adelante de la mayoría, en la estructuración de propuestas audaces. De igual forma, habría ocurrido una aparente injustificada eliminación de otros tres funcionarios en funciones de la ya prácticamente extinta Cofetel.
Se puede afirmar que los cuatro conocían las reglas del juego al momento de inscribirse al proceso, es probable que este comité les haya encontrado algún detalle para considerarlos inelegibles para ser comisionados, sin embargo, lo que resulta preocupante e inaceptable es que no podamos conocer las causas de su eliminación o rechazo, peor aún, que ni siquiera ellos tengan la oportunidad de conocer las causas por las que fueron rechazados. Esta ausencia de transparencia, autoimpuesta por el comité, va en sentido opuesto al espíritu de la reforma, que es justamente de una mucho mayor transparencia, en las decisiones relacionadas con el sector. Por el bien de México, hago votos para que las propuestas de candidatos que este comité remita al Presidente de la República estén conformadas por las mexicanas y mexicanos que verdaderamente puedan apoyar la reconstrucción del ambiente regulatorio del país, capaces de tomar decisiones basadas en el conocimiento y la experiencia, y no con base en sus obsesiones.
Por otra parte, la semana pasada me referí en este espacio a lo complicado que le ha resultado al Consejo de la Judicatura Federal dar cumplimiento al mandato de establecer tribunales especializados a más tardar el próximo 12 de agosto, tema que, de no concretarse en tiempo y forma, podría llevarnos a un escenario de mayor incertidumbre, lo que afirmé sería una circunstancia opuesta al objetivo de la reforma.
Vendrá el tiempo del Congreso de la Unión para discutir la legislación secundaria, que incluye un marco legal convergente. En diversos foros, en los que he tenido la oportunidad de participar como ponente en forma reciente, he sido enfático en afirmar lo complejo de construir un marco de convergencia plena, pues, a pesar de que todo mundo habla de convergencia hoy en día, aún son pocos los países que han construido un marco con estas características, que sea igual de eficaz para redes de telecomunicaciones como de radiodifusión. Recomiendo leer el documento “Converged legislative frameworks: International approaches, elaborado por ACMA, el órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión en Australia, da una idea del desafío que enfrentamos.
*El autor es Senador de la República.
Twitter: @gerardofloresr
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