Gerardo Flores Ramírez
El Economista
La semana pasada concluyó finalmente el trámite legislativo en ambas cámaras del Congreso de la Unión con relación a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia. Ahora estamos en la etapa en la que la minuta de la reforma en cuestión se encuentra en el proceso de discusión y votación de las 31 legislaturas de los estados, en su calidad de miembros del constituyente permanente.
Una vez aprobada por la mitad más una de esas legislaturas, la reforma constitucional podrá ser promulgada.
A partir de la promulgación, correrá un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión expida un marco legal convergente para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, además de que adecue la legislación secundaria para incorporar disposiciones relacionadas con las modificaciones hechas en virtud de la reforma constitucional.
Ahora bien, resulta conveniente advertir que aunque existe claridad sobre lo que se busca o pretende con los cambios constitucionales, así como con las eventuales modificaciones al marco legal, su mera promulgación no significa o representa un rotundo e inmediato éxito.
Gran parte del potencial de éxito de la reforma dependerá de la adecuada selección de integrantes del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de que esos comisionados tengan claro cuál es el mandato preciso del órgano regulador del que formarán parte, al igual que en el caso de los que integren el pleno de la Comisión Federal de Competencia económica y el organismo público descentralizado encargado de proveer servicios de radiodifusión sin fines de lucro.
Por ejemplo, el fin de semana tuve oportunidad de ver un video de una intervención del actual Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en la que de manera aventurada afirmó que el mayor reto de quienes integren el organismo público descentralizado encargado de proveer servicios de radiodifusión sin fines de lucro será el de modificar los hábitos de los mexicanos frente al televisor. Se trata sin duda de una interpretación personal, basada quizá en prejuicios también personales, porque en ninguna parte del propio artículo que da vida a dicho organismo se plasma que ése sea el desafío de quienes lo dirigirán.
De seleccionar funcionarios que lleguen a estos nuevos organismos con interpretaciones tan alejadas de la letra de lo expresado en la propia reforma constitucional o con una idea difusa sobre sus responsabilidades, se corre el riesgo de que, a mediano y largo plazos, los beneficios reales de la reforma sean mucho menores a los estimados todavía hoy.
Por otro lado, es importante tener claro que la reforma constitucional iniciará su vigencia en un contexto en el que los principales operadores de telecomunicaciones a nivel internacional están pasando por una etapa complicada, reflejada en los estados financieros que están presentando para el primer trimestre de este año, que se estima podría ser el peor de los últimos años. Situación que, se estima, impactará los planes de inversión en el contexto internacional por lo menos durante el 2013 y el 2014.
Así las cosas, no hay margen para equivocarnos en la redacción de la legislación secundaria y, menos, en la selección de los integrantes de los órganos reguladores. Los retos son enormes.